La porfía de los docentes, nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), se remonta al álgido segundo semestre del 2024, cuando la paritaria estuvo trabada por varias semanas. Para el Gobierno, este inconveniente no solo se traduce en la pérdida de días de clase. Si los educadores logran una mejora superior a los cálculos iniciales, podría generarse un “efecto contagio” hacia otros sindicatos estatales. En breve, llegará el primer test con la reunión que tendrán con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El rechazo de los docentes de Córdoba
La UEPC hará formal su denegación a la propuesta paritaria en una asamblea extraordinaria que se realizará este miércoles al mediodía, con una amenaza de paro de 72 horas para la semana que viene. El recuento de las asambleas departamentales no ha dejado lugar a dudas. Solo San Justo, pago chico del gobernador, votó a favor de la propuesta.
La mayoría que se refrendará este miércoles considera escasa la oferta del gobierno, que en su tercera intentona había planteado un esquema que, al cierre del año, garantizaba una mejora del 5,3%, que se sitúa por encima del índice inflacionario.
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La misma promesa incluía reajustes mensuales sobre la referencia inflacionaria, hasta enero de 2027. Más importante aún, el esbozo oficial dejaba de lado la cláusula que vinculaba la oferta a la recaudación, principal demanda que justificó las primeras declinaciones del gremio.
Esta referencia ha motivado desconfianza del sector docente, especialmente tras la confirmación de que la caída de los ingresos provinciales ya supera los dos dígitos. Desde el otro sector de la mesa, esa era la muestra de buena voluntad que exigía el Gobierno. Aunque reconocen que los sueldos docentes son bajos, pedían considerar el esfuerzo que realiza una administración provincial que ha asumido compromisos que el gobierno nacional ha abandonado, como el incentivo docente o los subsidios al transporte.
La salida para Martín Llaryora
Por la noche de este martes, descartado ya el rechazo, en la sede de la Gobernación se evitaban hacer consideraciones públicas. Entre los escenarios que barajan, consideran muy probable la realización de nuevas medidas de fuerza, tal como se desprende de la fuerza del rechazo.
“Esperaremos y veremos la semana que viene. Si hay paros, habrá descuentos. El paro perjudica a los chicos”, remarcaron altas fuentes. No obstante, la advertencia de reducciones de sueldo es más que una insinuación. “Si se acumulan días de paro, el aumento quedará diluido en los descuentos al 52% que ya han adherido”, explican desde la Gobernación.
Precisamente, la quita por las huelgas motivó una protesta de docentes enrolados en la conducción de UEPC de la Capital, quienes ingresaron al Ministerio de Educación para exigir el fin de los recortes. Este episodio refleja la existencia de una división al interior del gremio que añade otra complicación al avance de cualquier negociación. La secretaría general provincial, a cargo de Roberto Cristalli, con potestad para intervenir en la paritaria, mantiene una postura orgánica con el resto de los gremios y calibra el peso específico del propio, el de mayor cantidad de afiliados estatales.
La conducción capitalina, donde confluyen agrupaciones de izquierda, sostiene una postura radical. Sus voces elevan pedidos de recomposición salarial que multiplican las cifras en discusión.
La recaudación de Córdoba
La preocupación del peronismo por la caída de la recaudación no solo se expresa en las negociaciones paritarias. Urgido por la circunstancia, el gobernador ya admitió que la atención de las demandas salariales obliga a reformular los planes de obras, tanto anunciados como en marcha.
La inusual exposición pública de esta concesión ha sido leída como una continuidad del intento de enfrentar a los sindicatos con parte de la sociedad que suele repeler las medidas gremiales. La discusión sobre la reciente reforma previsional presenta un antecedente inmediato. Rotulada como equidad jubilatoria, desde el oficialismo la presentaron con intenciones distributivas, deslizando cuestionamientos a la legitimidad de las remuneraciones más altas, que superan exponencialmente el promedio de más de la mitad, concentrándose en una cúspide que no representa a más del 10%.
Aquel intento no logró romper el frente de los gremios estatales, que este mismo miércoles realizarán una caravana para volver a exigir la derogación de la ley en cuestión. Sin embargo, este episodio añadió tensión a las paritarias que estaban en el aire.
La postura de la UEPC
Desde la UEPC prefieren no mezclar tanto, pero en sus reclamos también sopesan el impacto de los aumentos en las escalas de esa reforma. Las demandas de una recomposición salarial que les devuelva el poder adquisitivo perdido en los últimos años, no menos de 18%, aún no aparecen condicionadas por ello.
Con esos números sobre la mesa, el gobierno se prepara para otro round en una puja que se remonta al segundo semestre del 2024, cuando las negociaciones requirieron abandonar el corsé de las referencias inflacionarias. Por entonces, los docentes también cuestionaban a Llaryora por su decisión de desconocer el acuerdo rubricado en 2023, que lo tuvo como garante cuando aún era candidato.
En un contexto diferente, con una inflación que ha descendido pero se mantiene por encima de lo razonable, la preocupación principal es otra: la erogación por paritarias no puede seguir complicando el ritmo de obras, clave para las expectativas de reelección en 2027. Esa misma inquietud será ventada este mismo miércoles, cuando los funcionarios inicien el diálogo con el SEP. Una rápida resolución podría encapsular el reclamo docente. Por el contrario, un endurecimiento del gremio que tiene su fuerte en la administración y la salud podría generar otra tormenta en el horizonte llaryorista.
