Los diputados nacionales Gerardo Milman (Pro), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) han presentado un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Identidad de Género vigente en Argentina. La iniciativa propone restringir el uso de recursos estatales para tratamientos hormonales y quirúrgicos relacionados con la transición de género, argumentando que estas intervenciones no deberían ser financiadas por programas públicos.
Detalles del Proyecto de Ley
El proyecto establece que los tratamientos de cambio de género no podrán ser cubiertos por programas financiados con dinero del Estado, incluyendo el Plan Médico Obligatorio (PMO) y las obras sociales. Según Milman, “El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”. En este sentido, sostiene que la normativa no pretende limitar la libertad individual ni el derecho a la autoidentificación de género, pero sí recalca que estas decisiones deben respetar la neutralidad ideológica del Estado.
Restricciones para Menores
Entre las disposiciones más controvertidas de la propuesta se encuentra la prohibición de que los menores de edad accedan a cirugías de reasignación de sexo. La normativa permitiría este tipo de intervenciones solo si cuentan con la autorización de ambos padres y la evaluación de profesionales independientes. Milman ha manifestado que “El Estado no puede reemplazar a las familias ni promover decisiones irreversibles en chicos que están en pleno desarrollo”.
Críticas a la Intervención Estatal
El legislador también enfatizó que la intervención estatal no debería condicionar a los contribuyentes a financiar decisiones personales en torno a la identidad de género. En sus declaraciones, mencionó que “los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes” para asegurar que el deseo de cambio sea auténtico y no impulsado por campañas ideológicas.
Contexto Legal
La Ley de Identidad de Género, vigente desde mayo de 2012, fue pionera en reconocer el derecho a la identidad autopercibida y marcó un avance significativo en la lucha por los derechos de las personas trans en el país. Con esta nueva propuesta, se abre un debate en la sociedad y en el ámbito legislativo sobre el futuro de estas intervenciones y el papel del Estado en la regulación de la identidad de género.