Diputados de la oposición han presentado un proyecto de ley en respuesta a la tragedia provocada por el fentanilo contaminado, uno de los episodios más graves vinculados a medicamentos adulterados en el país. La iniciativa busca otorgar asistencia integral y reparación económica tanto a familiares de las víctimas fatales como a sobrevivientes que han sufrido consecuencias graves.
Iniciativa de reparación integral y sus beneficios
La propuesta, elaborada por el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, plantea una reparación “integral e igualitaria”. Entre los puntos destacados se incluye:
- Subvención económica: equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles.
- Prestaciones de salud: acceso a servicios médicos y acompañamiento social.
- Programas de reinserción: opciones educativas y laborales para los afectados.
Además, se prevé una pensión vitalicia para los hijos y cónyuges de las víctimas fatales. Aquellos sobrevivientes que hayan quedado con secuelas tendrán acceso a beneficios durante el tiempo que dure su incapacidad laboral, siendo esta subvención compatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales.
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Requisitos para acceder a la reparación
El proyecto establece criterios específicos para la recepción de la ayuda. La reparación será otorgada a:
- Hijos menores de edad o hasta 25 años si continúan estudiando.
- Cónyuges o convivientes con al menos dos años de relación previa al fallecimiento.
Todos los beneficiarios deberán acreditar la relación correspondiente con la víctima. Valdés enfatizó que “el Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia”, refiriéndose a la “herida abierta” que dejó la inacción estatal y la negligencia privada.
Creación del Programa de Reparación Integral
La norma crea el Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado, cuya gestión recae en el Ministerio de Capital Humano, en coordinación con las provincias afectadas. Para garantizar la transparencia en la aplicación de la ley, se propone la formación de un Consejo de Control y Seguimiento, compuesto por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos.
El diputado Valdés concluyó mencionando que “muchas familias han perdido no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico”.
