Un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires busca implementar cambios significativos en la regulación de los precios de los combustibles. La iniciativa propone que las estaciones de servicio informen al Gobierno con 72 horas de anticipación sobre cualquier ajuste de precios, así como que los aumentos sean visibles para el público 48 horas antes de su efectividad. Las sanciones incluirían multas y clausuras para aquellas empresas que no cumplan con las normativas.
Propuesta Legislativa
Presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), la ley plantea sanciones severas para las empresas que incumplan. Las multas y clausuras se calcularían en litros de nafta súper, una medida que busca garantizar la transparencia en la fijación de precios. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la volatilidad de los costos en el sector energético.
Rechazo de los Empresarios
La propuesta ha encontrado una fuerte oposición en sectores industriales. La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) han expresado su desacuerdo, argumentando que la regulación podría provocar "picos de demanda y desabastecimiento". Desde FECRA, que representa a aproximadamente 500 pymes, se advirtió que las empresas no son formadoras de precios y que la obligación de anticipar cambios sería incompatible con esquemas de precios variables.
Además, la UIPBA ha señalado que esta normativa podría duplicar regulaciones ya existentes, como la Ley de Defensa del Consumidor. Aseguran que la obligación de publicar precios anticipadamente podría perjudicar la competencia y, por ende, afectar a los consumidores en la provincia.
Participación en el Debate
Ante estas preocupaciones, FECRA y UIPBA han solicitado participar en los debates de la Comisión de Servicios Públicos antes de que se emita un dictamen. El objetivo es llevar la perspectiva del sector productivo y prevenir que la ley genere más problemas que beneficios. Ambas organizaciones insisten en la necesidad de un marco regulatorio que fomente la inversión y la transparencia, sin comprometer la operatividad de las estaciones o el abastecimiento de combustibles.