El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta Dina Boluarte, aprobando su vacancia por "permanente incapacidad moral" para ejercer el cargo. Esta decisión se tomó en una sesión de emergencia con 123 votos a favor de los 130 parlamentarios presentes, en medio de un creciente descontento social y violencia en el país. Boluarte fue reemplazada por José Jerí, quien asumió como presidente interino, marcando un nuevo capítulo en la inestabilidad política peruana.
Una destitución marcada por la violencia y la falta de apoyo político
La destitución de Boluarte se produjo tras una maratónica sesión del Congreso donde fue acusada de no gestionar adecuadamente la crisis de inseguridad en Perú. El tiroteo durante un concierto en Lima, que dejó cinco heridos, fue el detonante que intensificó el rechazo a su gobierno. La exmandataria no se presentó para defenderse en el Congreso y, tras su destitución, sostuvo que esta decisión "afecta la democracia del país".
Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, después de la destitución de Pedro Castillo, Boluarte enfrentó un clima de protestas sociales, destacando que siete presidentes han ocupado el cargo desde 2016, de los cuales tres han sido destituidos. Este patrón revela una crisis política prolongada que aún no encuentra resolución.
Te puedeinteresar
Los argumentos del Congreso
La moción de vacancia contra Boluarte se sustentó en la figura de "incapacidad moral permanente", recogida en la Constitución peruana. La iniciativa fue impulsada por varios partidos, incluyendo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que previamente habían respaldado a la presidenta. Cuatro solicitudes de vacancia fueron admitidas por el Congreso, lo que presionó a la mandataria a comparecer, pero su ausencia propició la votación a favor de su remoción.
Tras la aprobación, José Jerí asumió inmediatamente la jefatura del Estado. En su primer discurso, advirtió que "el principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales y las organizaciones que aterrorizan al país."
Desde el inicio del gobierno de Boluarte, se registraron más de 500 manifestaciones, resultando en al menos 50 muertos entre los protestantes, lo que provocó denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Además, la expresidenta enfrentaba tres investigaciones fiscales, incluyendo casos relacionados con la represión de protestas y un escándalo por joyas no declaradas.
El nuevo escenario político
La llegada de José Jerí como presidente interino abre un nuevo capítulo en la política peruana, pero también plantea interrogantes sobre su capacidad para gestionar la crisis de seguridad. El líder del partido Somos Perú ha comenzado su mandato con un enfoque en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de "restaurar el orden".
El gabinete encabezado por Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, había anticipado la votación en el Congreso resaltando un plan contra la delincuencia. "No nos aferramos al cargo; sabíamos que cada día podía ser el último", declaró Arana posteriormente. La inestabilidad política se ha intensificado desde el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el Congreso en 2022, que culminó en su destitución y arresto.
El reciente atentado en el concierto de la banda Agua Marina fue un elemento clave que avivó el descontento. Los disparos generaron pánico entre el público y resultaron en cinco heridos.
Perú se enfrenta así a una nueva transición presidencial en menos de tres años, en medio de un ambiente de creciente violencia y desconfianza institucional. Con la destitución de Boluarte, el país vuelve a estar bajo el control del Congreso, un ente que ha jugado un papel central en la inestabilidad política reciente y que ahora debe enfrentar los retos de una gobernabilidad en crisis.
