Una reciente controversia ha emergido en torno a la situación de la diálisis en la provincia de Buenos Aires, debido a una significativa deuda del Ministerio de Salud con los proveedores de insumos. Mientras las organizaciones involucradas alertan sobre el riesgo de interrupción del servicio para más del 40% de los pacientes, las autoridades provinciales desmienten esta posibilidad, atribuyendo la situación a una posible cartelización en el sector.
Deuda creciente y su impacto
La problemática ha sido expuesta por la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR). Ambas entidades han señalado que la cartera sanitaria enfrenta una deuda millonaria que pone en riesgo el tratamiento de casi 5.000 pacientes en situación de diálisis.
El monto de la deuda asciende a más de 18.000 millones de pesos. Al respecto, los representantes de estas organizaciones advierten que "el incumplimiento de los pagos y la falta de actualización de los valores de las prestaciones pone en riesgo a los pacientes". Este déficit financiero afecta directamente a los 4.342 pacientes que dependen del sistema provincial para acceder a su terapia, lo que representa el 44% del total en tratamiento.
Colapso de servicios y consecuencias
Los prestadores de servicios han indicado que, hasta julio de 2024, los valores de las prestaciones eran acordados con IOMA antes de ser trasladados al Ministerio. Sin embargo, actualmente, el organismo se niega a realizar la actualización de precios. Como resultado, casi 200 centros de diálisis han visto comprometida su capacidad para absorber pacientes y garantizar traslados, exacerbando la crisis.
El presidente de ARD, Alfredo Casaliba, ha declarado que "el sistema está colapsando" y enfatizó la necesidad urgente de un reajuste en los precios, ya que "no se puede sostener la atención médica con precios congelados".
Respuesta oficial y acusaciones
Desde el Ministerio de Salud, se ha asegurado que la prestación del servicio "no se ha cortado, ni corre riesgo", calificando la deuda como "una porción mínima" de la facturación total. También acusaron a un sistema "cartelizado" de favorecer a un único proveedor que controla a las cámaras que ejercen presión para obtener mejores precios.
Además, desde la cartera provincial se exige una revisión por parte del gobierno nacional, argumentando que la falta de actualización en la cápita que se utiliza para el pago a proveedores ha agravado la situación. Aseguran que esta cápita no ha sido ajustada en los últimos dos años a pesar de las subas inflacionarias aplicadas por los proveedores.
La problemática se mantendrá en el foco de atención a medida que más pacientes y organizaciones clamen por soluciones efectivas que garanticen la continuidad de un servicio vital para la salud pública.
