A casi tres meses del impactante caso que conmovió a Villa Mercedes, la historia de Verónica Acosta, quien recibió por error una transferencia de 510 millones de pesos del Gobierno de San Luis, ha tenido nuevas actualizaciones. Esta situación ha captado la atención de medios y la opinión pública, sembrando debate sobre la responsabilidad y el impacto de errores administrativos en la vida de las personas involucradas.
La Transferencia Errónea
Verónica Acosta fue detenida en mayo después de que su cuenta de Mercado Pago recibiera $510.236.811 provenientes del Tesoro provincial. La transferencia fue realizada por un funcionario del área de Hacienda que, al darse cuenta de la irregularidad, denunció el hecho. Este error administrativo resultó en serios problemas legales para Acosta, quien actuó bajo la impresión de que podía disponer del dinero.
Qué Hizo con el Dinero
Antes de que se detectara el problema, Acosta llevó a cabo 66 transferencias y gastó una parte considerable del monto. Su abogado, Hernán Echevarría, indicó que ella utilizó el dinero para cubrir necesidades familiares, adquiriendo colchones, ropa de invierno y alimentos, además de transferir fondos a amigos y familiares. Este uso del dinero llevó a la implicación de cinco personas adicionales que también fueron detenidas en la investigación.
La Defensa de Verónica Acosta
Echevarría defendió a su clienta argumentando que no existió engaño ni intención dolosa por parte de Acosta. "Ella no cometió ningún ardid ni maniobra fraudulenta. Pensó en sus hijos y en su familia", declaró el abogado. La defensa sostiene que la situación se originó por un error administrativo en la gestión de fondos públicos, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en este tipo de incidentes.
La Situación Judicial Actual
Después de varios días detenida, Acosta logró recuperar su libertad tras la aceptación de un recurso de amparo por parte del juez interviniente. Esta decisión dejó sin efecto la prisión preventiva y permitió su liberación sin necesidad de pagar fianza. No obstante, la causa judicial continúa en curso, y Acosta sigue imputada por estafa, defraudación y retención indebida de fondos públicos. La fiscalía la acusa de haber hecho un uso indebido del dinero, aunque reconocen que el origen del problema fue un error del Estado.
