En los últimos años, Argentina ha sido testigo del resurgimiento de un patrón delictivo preocupante: jóvenes mujeres que utilizan el engaño para drogar y robar a sus víctimas. Este fenómeno, conocido como "viudas negras", ha cobrado notoriedad con el caso de Micaela Alejandra Garrido, una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) actualmente detenida por estos delitos.
El caso de Micaela Garrido
El 14 de diciembre de 2023, Garrido conoció a un hombre en un bar de Plaza Serrano, Palermo. Tras compartir una velada, ambos se trasladaron a la vivienda de la oficial en Villa La Ñata, Tigre. Según la fiscalía, después de drogarlo, Garrido sustrajo objetos de valor y el automóvil de la víctima, abandonándolo en estado de confusión. Al despertar, el hombre se dio cuenta del robo y denunció el hecho ante la Policía Bonaerense.
La investigación, liderada por el fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez, permitió recuperar el vehículo cuatro días después. Rastreos posteriores vincularon a Garrido, de 29 años y residente en Ciudad Oculta, con el crimen. Su condición de oficial incorporó una nueva dimensión al caso, lo que llevó a su arresto en enero mediante un operativo conjunto.
La situación actual de la oficial
A pesar de su arresto, la PFA la mantiene en situación pasiva, aunque se registró que continuó recibiendo su salario hasta febrero. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre los protocolos internos en la fuerza ante imputaciones graves.
Viuda negra, una tendencia que volvió
Mientras las "viudas negras" tradicionales operaban en espacios físicos, actualmente aprovechan aplicaciones como Tinder para atraer a sus víctimas. El caso de Juliana J., de 20 años, es un ejemplo: enamoró a un informático de 46 años, con quien compartió una noche para después robarle 24.000 dólares y otros bienes de lujo.
El juez Martín Peluso impuso a Juliana prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos, argumentando que la dosis de clonazepam que administró podría haber sido letal. Otro caso involucra a Shamira Yoselí, de 18 años, quien utilizó el mismo mecanismo con un turista en Abasto.
Pese a la gravedad de estos delitos, el Código Penal argentino solo permite imputar "robo simple", con penas máximas de 10 años. Esta situación es aún más crítica ante casos recientes de homicidios de víctimas que sufrieron sobredosis de sedantes.
Redes comunitarias y desafíos policiales
Barrios como Villa Zavaleta se han convertido en centros de estas redes delictivas, donde cómplices facilitan la logística o la venta de lo robado. La detención de Garrido ha puesto de relieve la infiltración de personal policial en esquemas delictivos, complicando las investigaciones y erosionando la confianza institucional.
Mientras el debate sobre reformas legales sigue pendiente, las "viudas negras" continúan explotando vacíos jurídicos y recursos digitales. Sus acciones no solo reflejan una creciente violencia de género, sino también un uso manipulador de la tecnología, dejando en evidencia la vulnerabilidad económica de muchas víctimas.