La investigación por el derrumbe en Parque Patricios, que tuvo lugar en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires, avanzó notablemente el lunes 27 de abril de 2026. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, liderada por la Dra. María del Rosario Selvatici, ha decidido imputar a la empresa constructora y a su personal técnico por el delito de estrago culposo.
Un derrumbe vinculado a negligencia estructural
De acuerdo al dictamen judicial, el colapso de la planta baja que afectó al estacionamiento no fue un simple accidente, sino el resultado de vicios estructurales y omisiones de control que los responsables ignoraron durante años. Esto puso en riesgo la integridad de cientos de familias.
El expediente judicial ha sacado a la luz una trama de negligencia técnica y la falta de respuesta ante las advertencias realizadas por los vecinos del complejo. La Fiscalía sostiene que la losa del patio interno colapsó debido a una sobrecarga de peso combinada con un sistema de drenaje ineficaz. Esta acumulación de agua afectó progresivamente la resistencia del hormigón, una situación que había sido documentada en varios reclamos formales enviados por la administración del edificio durante los últimos cuatro años.
Las intervenciones inadecuadas y sus consecuencias
En lugar de ejecutar reformas estructurales significativas, los imputados habrían optado por realizar tareas de impermeabilización de forma temporal. Las intervenciones se llevaron a cabo sin órdenes de trabajo, sin memoria descriptiva y sin un proyecto de intervención aprobado que garantizara la seguridad de dichas maniobras. “Se intervino la estructura de forma imprudente sobre un daño que ya era visible”, afirmaron fuentes judiciales cercanas al caso.
El impacto de esta situación no es solo de carácter técnico, sino que también tiene dimensión social. El complejo, originalmente asociado al programa Pro.Cre.Ar y administrado por un fideicomiso del Banco Hipotecario, alberga a miles de personas que actualmente temen por la estabilidad de las torres. Las imputaciones no solo incluyen a los directivos de la constructora COSUD, sino también a los responsables del área de postventa, quienes son acusados de subestimar el peligro real y concreto de un colapso que finalmente se materializó.