El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, enfrenta una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con las auditorías de las Pensiones no Contributivas (PNC) gestionadas por la ANSES. La denuncia fue presentada por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal de Córdoba, quienes alegan que las irregularidades podrían haber afectado a numerosos beneficiarios.
Acusan una maniobra para rechazar PNC
La denuncia alega que Diego Spagnuolo habría implementado un sistema diseñado para rechazar masivamente solicitudes de PNC. Según el escrito, desde Andis se intentó entorpecer el otorgamiento de estas pensiones, provocando la baja de prestaciones incluso para quienes contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Pablo Olmos señala que esta estrategia se basó en dos herramientas principales. La primera fue la modificación del Baremo en enero mediante la Resolución 187/2025 de Andis, que endureció los criterios de evaluación del grado de discapacidad. La segunda fue la falta de notificación adecuada a los beneficiarios convocados a auditaría. A pesar de la derogación de esta modificación en mayo, las auditorías continuaron sin un respaldo normativo válido, según el abogado.
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Denuncian citaciones defectuosas a titulares de PNC
El escrito judicial apunta que el Estado no notificó correctamente a muchos beneficiarios de PNC. Particularmente en zonas rurales del interior, como el norte de Córdoba, se identificó que algunas personas no recibieron las cartas documento correspondientes.
Olmos destacó que muchas de estas notificaciones fueron enviadas a domicilios incorrectos o inexistentes, lo que impidió que los beneficiarios pudieran asistir a las evaluaciones, resultando en suspensiones sin defensa previa.
Piden reanudar el pago de Anses
Ante esta situación, el abogado solicitó a la Fiscalía una medida cautelar para que se restablezcan las PNC suspendidas, hasta que se garantice un proceso de auditoría legal, con notificaciones válidas y respeto al debido proceso.
Este reclamo surge en un contexto en el que el Gobierno se encuentra revisando los procedimientos utilizados para dar de baja más de 110.000 PNC, tras detectar errores y fallas administrativas durante la revisión de casos.
