Una empresaria argentina denunció haber sido víctima de una estafa por más de USD 1,4 millones vinculada a un desarrollo inmobiliario en Costa Rica que, según consta en la presentación judicial, nunca se concretó. El caso quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, donde se ordenaron medidas de prueba y se dictó una restricción de acercamiento tras una serie de amenazas dirigidas a la denunciante.
Inversión millonaria y promesas fallidas
De acuerdo con la denuncia, los principales señalados en la causa son los argentinos Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Juan Pablo Issel, quienes habrían participado del desarrollo y comercialización del proyecto. La investigación revela un entramado que combinó una presentación profesional —incluyendo renders, planos y promesas de alta rentabilidad— con una ejecución que no se materializó.
La inversión se realizó en dos líneas del emprendimiento: “Air Tesoro”, que ofrecía unidades tipo departamento orientadas al alquiler turístico, y “Air Homes”, un desarrollo de viviendas en una de las zonas más atractivas de Tamarindo, Costa Rica. Ambos eran presentados como parte de un mismo masterplan inmobiliario, prometiendo una fuerte valorización y retorno en dólares.
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En total, la inversión alcanzó los USD 1.453.400, mediante transferencias documentadas en el expediente. Los aportes comenzaron al menos desde 2022, con la promesa de un desarrollo por etapas que avanzaría rápidamente y permitiría recuperar la inversión en pocos meses.
Falta de cumplimiento y amenazas
Sin embargo, los avances nunca se concretaron. En 2022, la víctima viajó a Costa Rica para verificar el desarrollo en el que había invertido más de un millón de dólares. Según la denuncia, encontró un escenario completamente distinto al prometido: no había obra.
La denuncia también indica que no se formalizó la participación prometida ni se restituye el dinero invertido. Tras los primeros reclamos, los desarrolladores propusieron la firma de un nuevo acuerdo que implicaba desistir de futuras acciones legales y liberarlos de responsabilidad.
La situación escaló cuando comenzaron los episodios de amenazas. Según la denuncia, Rodrigo Rossetto hostigó a la víctima de manera reiterada, incluyendo un incidente donde la interceptó en su vehículo, golpeó la ventanilla y le exigió que desistiera de las acciones judiciales.
Las intimidaciones continuaron, generando un estado de temor en la denunciante, lo que llevó a la intervención judicial. En respuesta, el juzgado dictó una medida cautelar que prohíbe a Rossetto acercarse o mantener cualquier contacto con la víctima.
Allanamientos y descubrimientos
Asimismo, el juzgado ordenó un allanamiento en una oficina de Ciudad de Buenos Aires vinculada al proyecto, con el fin de secuestrar documentación, registros contables y dispositivos electrónicos que ayuden a reconstruir el circuito de las inversiones.
A medida que avanza la causa, se revela un entramado societario detrás del proyecto, con firmas como Air Tesoro S.A., Air Homes Dos S.A. y Sanoara, así como su subsidiaria en Argentina, Ara Homes, de la cual uno de sus socios estuvo preso por trata de personas.
Los proyectos “Air Homes” y “Air Tesoro” eran promocionados con renders de alto nivel exhibidos en sus plataformas, que incluso fueron subidos a Google Maps como si ya estuvieran terminados. Sin embargo, al observar las ubicaciones en modo satelital, se constata que no hay construcciones y todos los casos corresponden a terrenos baldíos.
Las direcciones consignadas en la plataforma no coinciden con la ubicación real de los supuestos emprendimientos, y las imágenes visibles son renders del proyecto. En el expediente también se menciona a Damasia Fernández Gorgolas, que reside en Costa Rica y está vinculada a la operación local del desarrollo.
Acciones complementarias en Costa Rica
Paralelamente, las víctimas iniciaron acciones judiciales en Costa Rica relacionadas al mismo desarrollo, lo que podría ampliar el alcance de la investigación. Fuera del expediente, allegados al caso han habilitado un canal de contacto para quienes consideren haber sido afectados, a través del correo estafadosgorgolas@gmail.com.
La causa se encuentra en etapa inicial y busca determinar si los hechos constituyen un delito de estafa. La investigación está sumando nuevos elementos y podría escalar a medida que se incorporen más pruebas y potenciales damnificados.
