Los incendios forestales en la provincia de Chubut han puesto en evidencia la precariedad del sistema de respuesta del Gobierno nacional. A medida que los brigadistas voluntarios luchan contra las llamas, algunos de ellos cosen su propia indumentaria, lo que refleja la situación crítica que enfrentan. En este contexto, se han conocido recientes decisiones gubernamentales que, según muchos actores involucrados, resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis.
Incendios y medidas oficiales
En los últimos días, y tras más de un mes de combates contra las llamas, el jefe de Gabinete anunció la publicación de dos normativas. La primera, a través de la Resolución 91/2026, implica la entrega de $100 millones a 1.062 cuarteles de bomberos voluntarios en todo el país, además de $20 millones destinados a organismos provinciales. En segundo lugar, el DNU 73/2026 declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén, sin especificar montos en el texto correspondiente, aunque se comunicó la transferencia de $100 millones.
A su vez, se mencionó que se enviaron ayudas de organismos como YPF, que aportó 15.000 litros de combustible. Sin embargo, suele salir con menor capacidad de un camión cisterna, lo que genera cuestionamientos sobre la efectividad del suministro. Además, el Banco Nación anunció créditos “blandos” para aquellos afectados por la crisis.
Desfinanciamiento y críticas a las políticas públicas
A partir de 2024, la Ley del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha sido desfinanciada. En 2023, contaba con un presupuesto de $80 millones, que se mantuvo en 2024 y se ejecutaron apenas $18 millones. En 2026, el monto asignado es de $21 millones, lo que representa una marcada reducción frente a la inflación y la demanda del servicio.
Los $120 millones transferidos por el Ministerio de Seguridad significan solo el 15% de los $790 millones que no se permitieron ejecutar, pero que se recaudan como impuesto específico en todas las pólizas de seguro del país. Esto se suma a preocupaciones sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que se cobra sin ser destinado a mejorar la infraestructura vial, lo que genera un preocupante aumento de accidentes de tránsito.
Problemas de gestión en el sector energético
En el ámbito energético, se nombró a Manuel Adorni como director titular de YPF, quien ha rechazado la percepción de honorarios de USD 100.000 mensuales. Sin embargo, su predecesor, Guillermo Francos, sigue recibiendo esos pagos a pesar de no estar en funciones. Esto se produce en un contexto donde YPF ha reportado pérdidas acumuladas de USD 150 millones en los primeros nueve meses de 2025.
La situación en otras entidades también presenta complicaciones. En Nucleoeléctrica Argentina, dos gerentes se opusieron a una licitación ligada a la gestión actual por considerar que sus costos eran excesivos. Además, el actual CEO, Demian Axel Reidel, tiene deudas por cerca de $880 millones, lo que genera inquietudes sobre la transparencia y gestión en la empresa.
Reservas metálicas y especulación económica
Por otro lado, el valor de las reservas metálicas del país ha crecido notablemente. En enero, el precio del oro aumentó de USD 4.335 a USD 4.978 por onza troy, lo que representa una suba del 15%. Esta revalorización ha hecho que las 11 toneladas de oro registradas por el BCRA pasen de USD 4.981 millones a USD 5.719 millones en solo un mes.
La búsqueda de explicaciones sobre la gestión pública y el uso de recursos sigue siendo un tema crítico en el debate nacional, donde las respuestas parecen no ser suficientes para la complejidad de las crisis actuales.