Las dificultades financieras del gobierno de la provincia de Buenos Aires están expuestas. El debate por el presupuesto en la legislatura provincial, junto con la autorización para el endeudamiento, y las dudas sobre que el Estado bonaerense pueda afrontar en tiempo y forma el pago de aguinaldos, dejaron las cartas a la vista. En ese marco, el aumento de la presión fiscal parece la única herramienta conocida por el Ejecutivo provincial para equilibrar las cuentas. El peso recae sobre los contribuyentes.
La decisión de la provincia de Buenos Aires de sumar una quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado y Rural desató un vendaval de críticas sobre la administración de Axel Kicillof. La imposición, que ya fue usada en otras ocasiones, fue notificada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) como un “adicional” para 2025, no parece ser otra cosa que un aumento encubierto. En ese sentido, los planteos sobre la legalidad de la decisión administrativa comienzan a tomar forma.
Cómo es la medida de ARBA
La medida es justificada por ARBA sobre la base de la Ley Fiscal (Artículo 138 de la Ley N° 15.479) y su prórroga ante la falta de un Presupuesto anual aprobado. El texto que ya fue enviado a la legislatura provincial recién obtuvo dictamen de Comisión el martes y podría ser tratado en el recinto la próxima semana. La demora en el avance parlamentario tiene que ver con la interna del oficialismo provincial. Así las cosas, mientras Kicillof y La Cámpora dirimen sus cuestiones partidarias, las fuerzas productivas de la provincia de Buenos Aires y los vecinos del territorio más poblado de la Argentina son los que tienen que abrir sus billeteras.
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Una de las primeras voces en alzarse en contra de la medida fue la de la Confederación Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La entidad que agrupa a productores rurales definió la medida como “ilegal e improcedente”.
Una suba de impuestos encubierta
En términos concretos, la alícuota adicional aplicada es equivalente a una cuota más del impuesto. Lo que en las cuentas de los contribuyentes representa un incremento del 20% sobre el monto total anual para el Inmobiliario Urbano, mientras que para el Inmobiliario Rural, el aumento es fijado en un 25%.
La letra chica de la decisión aplica matices, pero la aplicación borra los límites. Por caso, la cuota adicional para el Inmobiliario Urbano Edificado será requerida cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465.000. En tanto, para el Inmobiliario Rural, la cuota extra será aplicable cuando la valuación de la tierra libre de mejoras supera los $39.096.756.
En ese marco, desde el gobierno provincial señalan que el adicional será soportado por un segmento reducido y de alta capacidad contributiva, alcanzando aproximadamente al 8,72% de las partidas de Urbano Edificado y al 12,01% de las Rurales. En términos reales, eso está por verse.
Los cuestionamientos de la oposición y de los sectores productivos
Desde los sectores productivos vinculados al agro, el reclamo es contundente y tiene que ver con lo que entienden como una suba de impuestos encubierta, en el marco de emergencia agropecuaria. Los datos no mienten. Millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires están afectadas por inundaciones y los caminos rurales ya son considerados intransitables. En este escenario, el principal cuestionamiento de CARBAP expone la decisión del gobierno provincial de cargar más peso fiscal en un sector que está atravesando una emergencia.
En ese mismo sentido, se expresó la Sociedad Rural Argentina (SRA), que más allá de la medida puntual, también puso en la mira el proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobernador Axel Kicillof a la legislatura. De forma concreta, la entidad que agrupa a buena parte del sector productivo rural advierte sobre la delegación de facultades para intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados y la discrecionalidad para las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal.
A los cuestionamientos del sector agropecuario también se sumaron las quejas de las cámaras empresariales. El punto central es la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La falta de actualización de la norma que rige el tributo impidió modificar el monto de facturación. Esto, según las cámaras, provocó que muchas pequeñas y medianas empresas comenzaran a tributar.
Según detallaron las cámaras, la base no imponible del tributo debe ajustarse a un mínimo de $4.600 millones para restablecer las condiciones vigentes en la última aprobación de 2023.
En ese marco, la falta de actualización de la norma que regula Ingresos Brutos y la decisión de avanzar con una cuota extra del impuesto inmobiliario se transforma poco a poco en un peso insoportable tanto para el sector productivo como para los vecinos de la provincia de Buenos Aires.
