La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en una situación crítica al funcionar hoy con menos de la mitad de los ministros que la Constitución prevé. De los siete integrantes que deberían conformar el máximo tribunal provincial, solo tres están en funciones, lo que plantea serias interrogantes sobre la calidad institucional del sistema judicial bonaerense.
Vacantes que afectan la funcionalidad del tribunal
Las vacantes en la Corte se han acumulado tras jubilaciones, renuncias y fallecimientos, sin que el sistema político haya dado una respuesta acorde a la gravedad del problema. En 2020 falleció Héctor Negri, mientras que en 2021 se jubiló Eduardo Pettigiani y renunció Eduardo De Lázzari. La próxima jubilación de Luis Genoud en 2024 consolidará un escenario ya frágil, que hoy resulta alarmante e insostenible.
Uso de mecanismos extraordinarios para la integración
Para poder operar, la Corte se ve obligada a recurrir a mecanismos de integración extraordinarios, convocando jueces de instancias inferiores para conformar quorum y mayorías. Aunque estas herramientas son normativas, su uso continuo desnaturaliza el rol del máximo tribunal y convierte la excepción en regla.
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Consecuencias de la falta de ministros en funciones
La situación se complica aún más al encontrarse los ministros de la Corte en minoría, lo que permite que sentencias sean votadas favorablemente por los cuatro jueces subrogantes, en contra de las decisiones del alto tribunal provincial. Esta dinámica pone en riesgo la autoridad y funcionalidad del sistema judicial.
La designación de ministros y la política
Los ministros de la Suprema Corte son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin intervención del Consejo de la Magistratura. Esta situación convierte cada vacante en una pieza de negociación política. Resulta inadmisible que estas negociaciones se extiendan indefinidamente, mientras el máximo órgano judicial del distrito opera en condiciones de manifiesta precariedad institucional.
Impacto en la justicia y el Estado de Derecho
La Corte incompleta no es un problema abstracto; tiene consecuencias concretas: demora en las decisiones, carga de trabajo excesiva para los ministros en funciones, incertidumbre jurídica y un mensaje preocupante hacia el sistema judicial en su conjunto. Esta situación refuerza la idea de que el funcionamiento pleno de las instituciones puede quedar supeditado a la lógica de la negociación política, afectando el Poder Judicial.
Necesidad urgente de designaciones
Se espera que durante el presente año avancen las designaciones pendientes. Completar la integración de la Corte no es una concesión política, sino una obligación constitucional, y los candidatos deben ser propuestos en base a sus aptitudes y no por afinidad política. Mientras la Corte funcione con menos de la mitad de sus miembros, la Justicia bonaerense seguirá operando bajo una sombra de provisionalidad inaceptable en un Estado de Derecho.
La falta de funcionarios en la Corte es el reflejo de una institucionalidad deteriorada. Una decisión política que atienda a la relevancia del tema y que se aleje de conveniencias subalternas y de dudosa legitimidad es hoy claramente impostergable.
