Cada 29 de agosto, Argentina celebre el Día del Abogado en honor al natalicio de Juan Bautista Alberdi, un referente en la concepción de la libertad y el derecho de defensa en la organización republicana. Este año, el contexto es especialmente relevante, ya que se enfrenta una crisis de legitimidad del Poder Judicial y una precarización de la profesión jurídica que ponen en jaque la efectividad de los derechos humanos.
La abogacía como institución constitucional
El derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, demanda que los abogados ejerzan su profesión en condiciones dignas. Bidart Campos subrayó que “el derecho de defensa sería ilusorio sin abogados que lo hagan posible con dignidad y autonomía”.
En fallos recientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que los honorarios profesionales son parte fundamental del derecho de propiedad y, en este sentido, cualquier injusticia en su fijación repercute directamente en el acceso ciudadano a una defensa adecuada. La precarización de la abogacía afecta la capacidad del Estado de Derecho para cumplir con sus promesas de derechos fundamentales.
Independencia judicial y función de los fueros
La independencia judicial es una exigencia imperativa en nuestro marco constitucional. La Corte ha enfatizado que la imparcialidad de los jueces es crucial para garantizar el debido proceso. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la estabilidad y autonomía de los magistrados son esenciales para la tutela judicial efectiva.
Los fueros judiciales deben interpretarse como garantías institucionales que protegen la función judicial; no como privilegios personales. Su propósito es proteger a las decisiones jurisdiccionales de influencias externas, en un momento donde es vital reafirmar su rol para contrarrestar interpretaciones erróneas.
Crisis estructural y efectos en el acceso a la justicia
El Poder Judicial argentino atraviesa una crisis profunda: un tercio de los cargos judiciales están vacantes y los procesos de selección de magistrados se han vuelto ineficientes. Esta situación provoca un círculo vicioso de desconfianza social y falta de celeridad en los procesos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia depende de contar con abogados protegidos y jueces independientes. La fragilidad de la independencia judicial y la precarización de la abogacía contribuyen a la erosión del derecho de defensa y de la tutela judicial.
Propuestas de reforma
Para abordar estas problemáticas, se proponen tres líneas de acción: establecer honorarios mínimos vinculantes, implementar transparencia y celeridad en los concursos judiciales y diseñar mecanismos que fortalezcan la independencia judicial.
Estas reformas no solo consolidarían la magistratura, sino que también fortalecerían los derechos humanos al restablecer la dignidad en la abogacía y la independencia judicial.
El debate sobre la relación entre fueros judiciales, abogacía y derechos humanos trasciende la discusión técnica y se sitúa en el corazón de la calidad democrática del país. Una democracia efectiva requiere jueces verdaderamente independientes y abogados con condiciones dignas para garantizar que las promesas constitucionales se traduzcan en derechos reales.