La posibilidad de que Créditos ANSES vuelva a operar se vislumbra en el horizonte, con un enfoque que dista del pasado. Un proyecto de ley impulsado por bloques opositores busca reinstaurar préstamos de hasta $1.500.000 para beneficiarios de asignaciones universales, jubilados y trabajadores informales. La iniciativa pretende ofrecer una salida a miles de hogares que enfrentan deudas con intereses desproporcionados.
La propuesta surge tras la eliminación de este tipo de financiamiento por el decreto 421/2025. Legisladores de diversos espacios intentan restituir las líneas de crédito utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), enfocándose en rescatar a quienes enfrentan tasas asfixiantes en tarjetas de crédito y préstamos informales.
El objetivo central no se centra en la entrega de efectivo, sino en facilitar una solución concreta para quienes ya no pueden soportar la carga de sus deudas.
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La expectativa ante esta iniciativa es alta, dado que millones de argentinos han quedado fuera del circuito bancario formal y ven en esta posibilidad una chance de ordenar sus finanzas sin recurrir a prestamistas que cobran intereses exorbitantes.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES
El proyecto legislativo especifica claramente quiénes podrían beneficiarse. Se priorizará a quienes reciben asistencia estatal y tienen ingresos bajos, un sector históricamente excluido de los productos financieros convencionales.
Si se aprueba la ley, podrán solicitar el crédito las siguientes personas:
- Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) vigentes en todo el país
- Jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA con ingresos que no superen seis haberes mínimos
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Personal de casas particulares registrado
- Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D
Este grupo representa a más de 10 millones de personas que actualmente tienen acceso limitado o nulo a préstamos bancarios. El enfoque está en la vulnerabilidad financiera, no en la capacidad de consumo.
A diferencia de esquemas previos, esta propuesta incluye un candado: los fondos deberán destinarse exclusivamente a cancelar deudas existentes, prohibiendo el uso para gastos discrecionales.
Cómo funcionaría el sistema de desendeudamiento digital
El funcionamiento del nuevo sistema marcaría un cambio drástico en comparación con los Créditos ANSES anteriores. El beneficiario no recibirá efectivo, ni en mano ni en cuenta bancaria, ya que todo el proceso será digital y controlado.
El solicitante deberá indicar a qué banco, financiera o emisor de tarjeta le debe dinero, para que ANSES realice la transferencia directa a esa entidad acreedora.
El monto máximo establecido es de $1.500.000, ajustable automáticamente según el Salario Mínimo Vital y Móvil, para evitar que la inflación afecte el alcance del programa rápidamente.
Las condiciones financieras también están definidas en el proyecto. La tasa de interés se fijará en TAMAR más 10 puntos porcentuales, garantizando que siempre esté por debajo de los costos de las tarjetas comerciales y créditos personales tradicionales.
Un aspecto clave es que el descuento mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante, asegurando que se mantenga la capacidad de pago para gastos básicos.
El esquema incluirá auditorías automáticas para garantizar que los fondos sean utilizados efectivamente. No habrá intermediarios ni gestores: todas las tramitaciones se realizarán a través de la plataforma Mi ANSES.
Cuándo podrían estar disponibles los préstamos
Es importante señalar que los Créditos ANSES no se encuentran vigentes actualmente. Se trata de un proyecto de ley que debe atravesar el proceso legislativo antes de convertirse en norma.
Hasta que el Poder Legislativo no apruebe la norma, ANSES no tendrá habilitado ningún formulario de inscripción ni trámite presencial para solicitar estos préstamos. Cualquier comunicación en redes sociales que ofrezca adelantos o inscripciones anticipadas es falsa.
Si el proyecto recibe media sanción en Diputados durante marzo, podría tratarse en el Senado hacia abril o mayo, con una posible entrada en vigencia en el segundo semestre de 2026.
Los promotores de esta iniciativa reconocen que el camino legislativo será complicado. El oficialismo ya expresó reservas, especialmente por el uso de recursos del FGS, que administra las reservas del sistema jubilatorio.
La discusión abarcará aspectos económicos, sociales y previsionales, y se prevé que sea uno de los debates más intensos del año parlamentario, con millones de argentinos pendientes del desenlace.
