La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reactivado la causa “Correo Argentino”, que investiga presuntas irregularidades vinculadas al Grupo Macri. Esta decisión se produce tras el rechazo de un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa, presidente de la empresa, y del abogado Jaime Kleidermacher, ambos relacionados con el expreso presidente Mauricio Macri.
Rechazo del recurso
La resolución de la Corte, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo desestimó la presentación, sino que también impuso una sanción económica a los firmantes, quienes deberán realizar un depósito obligatorio “bajo apercibimiento de ejecución”.
El caso gira en torno a un acuerdo entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A., empresa manejada por el Grupo SOCMA, la sociedad familiar del expresidente. La Corte argumentó que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva, lo que motivó su rechazo.
Contexto de la investigación
Desde 2017, Cibils Robirosa y Kleidermacher han sido investigados por el juez Ariel Lijo. En su intento de apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, la defensa alegó un “temor de parcialidad” hacia estos magistrados, argumentando que tenían una “enemistad” con Macri.
Ambos camaristas habían sido acusados de haber denunciado presiones del gobierno anterior y de haber ejercido la defensa de funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner, antes de asumir sus actuales funciones. A pesar de estas alegaciones, la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron el rechazo a la recusación, sosteniendo que la defensa no había substanciado objetivamente el temor expresado.
Implicaciones del acuerdo de 2016
El expediente judicial comprende también a otros ex funcionarios como el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa. Todos ellos estaban involucrados en un acuerdo de 2016 que buscaba condonar el 98,87% de la deuda que Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado.
La fiscal Gabriela Boquin había frenado dicho acuerdo, calificándolo como “ruinoso” y “abusivo”.
La reactivación de este proceso judicial por parte de la Corte Suprema permite la continuación de las investigaciones sobre el Grupo Macri, abriendo un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención de la opinión pública y el ámbito político.
