La Corte Suprema de Justicia ha decidido ratificar la condena impuesta a Mirta Susana Caballero y su hijo, Santiago Emanuel Martín, ex agentes de la AFIP, por su participación en un esquema de cobro de coimas para modificar registros fiscales de contribuyentes. La decisión se produjo luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran un recurso de queja presentado por la defensa de los condenados, al considerarlo extemporáneo.
Contexto del Caso
La investigación revela que entre 2007 y 2015, Caballero, que trabajaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, contactó a monotributistas ofreciendo la regularización de su situación fiscal a cambio de dinero. Este tipo de gestión les permitía a estos contribuyentes mantener contratos laborales con el Estado provincial, específicamente como porteros del Ministerio de Educación. Su hijo, aunque no era funcionario público, participó activamente en este esquema.
Sentencia y Consecuencias
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso y a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de su hijo, la pena impuesta fue de un año de prisión en suspenso. Esta decisión subraya la gravedad de las acciones de los acusados y su impacto en el cumplimiento de la ley fiscal.
Testimonios Clave
Durante el juicio, varios testigos aportaron información crucial. Un contribuyente relató que había recurrido a Caballero en múltiples ocasiones para renovar su contrato laboral, evidenciando la relación directa entre los servicios ofrecidos y la obtención de beneficios laborales. Además, otra persona mencionó que, tras haber dado de baja su inscripción por falta de pago, Caballero le proporcionó un número telefónico y la dirección de su casa para coordinar un encuentro, donde ella y su hijo gestionaron su situación fuera de los canales formales de la AFIP.
Por otro lado, una empleada de la AFIP indicó que varios colegas habían comentado que Caballero estaba realizando trámites que no le competían y que contribuían a deteriorar la confianza en los procesos administrativos del organismo.