El reciente conflicto en el ámbito judicial bonaerense revela tensiones significativas en la política de movilidad jubilatoria. La situación ha surgido a raíz de una serie de decisiones administrativas que no solo afectan a los trabajadores en actividad, sino que también involucran a los jubilados del Poder Judicial, quienes sienten que sus derechos están en juego.
El trasfondo del conflicto: leyes, presupuesto y un “artilugio” legislativo
La situación se origina en la Ley de Presupuesto N°15.310 del 2022, que delegó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la facultad de establecer categorías y niveles salariales. Históricamente, la Ley N°10.374 definía las categorías de los empleados, funcionarios y magistrados, garantizando proporcionalidad en el cálculo de jubilaciones.
El Acuerdo 4093 de la Corte del 19 de diciembre de 2022 implementó nuevas subcategorías basadas en la antigüedad. No obstante, estas modificaciones no se trasladaron a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), a pesar de que muchos jubilados cumplían los requisitos de antigüedad durante su vida laboral.
Jurisprudencia ignorada y contradicciones internas de la Corte
El conflicto radica en la contradicción entre las decisiones de la SCJ y su jurisprudencia histórica. Durante décadas, la Corte ha sostenido que:
- La proporcionalidad entre haberes activos y pasivos debe ser preservada.
- El derecho a la movilidad es parte de la propiedad del jubilado, protegido por la Constitución Nacional y Provincial.
- La interpretación debe favorecer al trabajador y al beneficiario previsional.
- El aumento salarial de los activos no debe considerarse un "ascenso" en la pasividad.
Sin embargo, al aplicar subcategorías y aumentos solo a los activos, la Corte ha ignorado a los pasivos. Este silencio genera un conflicto de intereses, pues los mismos jueces que deben resolver las demandas son beneficiarios de los aumentos cuestionados.
El IPS, el Ejecutivo y el rol de la Corte: una alianza bajo sospecha
La negativa del IPS a trasladar incrementos a jubilados resulta aún más controvertida al compararse con la política del Poder Ejecutivo provincial, que sí aplicó movilidad a los jubilados del resto de la administración pública.
Se sospecha que podría existir un acuerdo tácito entre el Ejecutivo, el Legislativo y la SCJ para erosionar el principio de movilidad jubilatoria, planteando el riesgo de una eventual "desindexación" del sistema previsional bonaerense. Este escenario pone en tela de juicio el papel de la Corte como garante de derechos.
Consecuencias prácticas: jubilados en desventaja y justicia atiborrada de reclamos
Actualmente, existe una diferencia del 27% en salarios entre activos y pasivos en la máxima categoría. La exigencia de cursos de actualización para acceder a aumentos también afecta a jubilados, deixándolos fuera del beneficio y erosionando la igualdad.
Los juzgados contencioso-administrativos enfrentan un aumento de reclamos por parte de jubilados en busca de equiparar sus haberes. Esta situación podría paralizar un fuero esencial en la provincia, generando un dilema ético y legal sobre la imparcialidad de los jueces.
Impacto político: el temor a un efecto dominó en toda la administración pública
El conflicto ya ha trascendido el ámbito judicial, generando preocupación en espacios gremiales y políticos. Dirigentes como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) han realizado presentaciones sin obtener respuestas satisfactorias. La preocupación es que este precedente parezca ser el inicio del fin de la movilidad jubilatoria en toda la administración pública provincial.
Si se consolida, los pasivos podrían quedar al margen de las remuneraciones de activos, rompiendo un principio fundamental del sistema previsional.
¿Fin de la movilidad jubilatoria en Buenos Aires?
A casi tres años de la implementación de este mecanismo, la inacción de la SCJ y el IPS refuerzan la impresión de que la movilidad jubilatoria está siendo desmantelada. Este conflicto no solo expone la fragilidad de las garantías constitucionales, sino que también pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, en un contexto en el que la política y el presupuesto adquieren un peso desmedido sobre derechos adquiridos.