Este miércoles, a las 12:30, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá nuevamente en medio de un clima de creciente tensión social. La convocatoria surge tras la congelación del salario mínimo desde agosto y un fuerte reclamo por parte de los sindicatos por la pérdida del poder adquisitivo.
El impacto del salario mínimo congelado en los trabajadores
Las centrales obreras sostienen que el ingreso mínimo ha perdido más del 30% en términos reales desde la asunción de Javier Milei. La falta de actualizaciones ha profundizado el deterioro de la situación de los trabajadores tanto formales como informales, así como de quienes son beneficiarios de programas sociales asociados al salario básico.
Simultáneamente, sindicatos, movimientos piqueteros y organizaciones de la economía popular planean movilizarse frente a la Secretaría de Trabajo. El objetivo de la protesta es exigir que el salario mínimo se equipare con la Canasta Básica Total, que se estima en más de $1,2 millones para una familia tipo, además de solicitar la reactivación de programas socio-laborales, un bono de fin de año y el reconocimiento del trabajo comunitario.
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La manifestación se suma a un conjunto de protestas que comenzaron a mediados de mes, y que según los organizadores se extenderán durante diciembre. El descontento social se ve intensificado por la decisión de mantener las reuniones del Consejo en formato virtual, modalidad que los gremios consideran poco transparente y que dificulta las negociaciones.
La dimensión del atraso salarial en cifras
El salario mínimo, que permanece en $322.200 para una jornada laboral de 48 horas y $1.610 por hora para trabajadores jornalizados, ha quedado por debajo de la inflación acumulada. Esta situación ha dejado al salario en niveles inferiores a los de 2001, y ubicándolo como el más bajo de la región cuando se mide en dólares.
Este rezago salarial repercute directamente en las prestaciones y programas que se calculan en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las centrales sindicales denuncian que los planes de trabajo, formación y acompañamiento están actualmente congelados, y advierten que cualquier modificación en la movilidad prevista en el proyecto de Presupuesto 2026 podría agravar aún más la situación de los trabajadores.
Las dos CTA han enviado una nota al secretario de Trabajo, Julio Cordero, exigiendo la adopción de una “canasta objetiva” como referencia para fijar el salario mínimo, y reiterando el pedido de que las sesiones del Consejo se realicen de manera presencial.
Movilización sindical y social en ascenso
Las organizaciones de la economía popular destacan que el valor actual del salario mínimo se ha vuelto insostenible para trabajadores informales, cooperativistas y quienes gestionan comedores y espacios comunitarios. En este contexto, el Salario Social Complementario, que se encuentra en $78.000, es considerado insuficiente ante el aumento constante de los precios.
La UTEP, junto con las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, encabezarán una concentración desde las 11 en la sede de Trabajo. La consigna principal será que el salario mínimo debe alcanzar la Canasta Básica Total.
Además, las organizaciones insistirán en la necesidad de un bono de fin de año y en la actualización de los programas sociales, afirmando que las políticas actuales han agravado la crisis en los sectores más vulnerables. Se anticipa un diciembre repleto de protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.
