El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha promulgado recientemente la Ley de Inclusión para personas con TEA, un avance significativo en el ámbito de los derechos y la salud pública destinado a mejorar la calidad de vida de quienes padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA). Este proyecto, impulsado por el diputado marplatense Diego Garciarena de la Unión Cívica Radical, recibió su aprobación definitiva en el Senado bonaerense el mes pasado.
Adherencia a la Ley Nacional
La nueva normativa establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27.043, que promueve un abordaje integral e interdisciplinario para el tratamiento de las personas con TEA. Esta adhesión marca un hito en la inclusión y la atención de la salud de esta población, garantizando un enfoque más amplio y efectivo en la provincia.
Compromisos y Políticas Concretas
Con su promulgación, el gobierno provincial se compromete a implementar políticas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. Estas políticas abarcarán acciones en el ámbito sanitario y comunicacional, buscando fomentar la inclusión y el acceso a servicios adecuados.
El diputado Garciarena destacó a través de sus redes sociales que esta ley busca “una Provincia más accesible, empática e inclusiva para las personas con TEA”. El legislador enfatizó que es un paso concreto hacia la mejora de las respuestas estatales para millones de familias que requieren asistencia adecuada.
Innovaciones en Comunicación
Una de las principales innovaciones de la ley es la declaración de Buenos Aires como “Provincia de Comunicación Amigable de las Personas con TEA”. Esto incluye la creación de un Registro Oficial de Pictogramas, que facilitará el uso de recursos visuales en todas las dependencias públicas. Estos pictogramas, que combinan símbolos, imágenes y letras, estarán disponibles también para entidades privadas que deseen colaborar en la inclusión.
Ajustes Presupuestarios y Plazos
El Ejecutivo provincial deberá ajustar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la correcta aplicación de estas medidas. Por su parte, las obras sociales y prepagas tendrán un plazo de 120 días para incorporar las prestaciones específicas que establece la nueva legislación, asegurando así la implementación efectiva de los derechos que la ley promueve.
