El Gobierno argentino ha decidido apelar un fallo reciente de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF a ciertos fondos buitre. Este fallo corresponde a un litigio por la expropiación de YPF en 2012, y busca garantizar la protección de los intereses del país ante un posible revés judicial que podría tener consecuencias significativas en sus activos.
Detalles de la Apelación
La apelación fue presentada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, antes de que la jueza responda a una solicitud de suspensión de su sentencia. La estrategia busca anticipar un nuevo revés que podría complicar aún más la situación del país y prolongar el proceso judicial.
Fondos Implicados y Montos en Juego
El reclamo inicial proviene de Burford Capital y Eton Park Capital Management, quienes buscan una indemnización de USD 16.099 millones en acciones de la empresa. Eton Park incluso citó en su presentación un discurso reciente del gobernador Axel Kicillof, donde defendió la expropiación de YPF.
Argumentos Presentados
Los argumentos de la apelación se centran en que la ejecución de la entrega de acciones contravendría la legislación argentina. Según la Ley 26.741, solo puede ser autorizada por una mayoría especial del Congreso. Además, se ha señalado la ausencia de precedentes legales en Estados Unidos que justifiquen la ejecución forzada de activos de un estado extranjero en estos términos, lo que podría afectar la jurisprudencia internacional.
Consecuencias Potenciales
En la apelación también se mencionó el impacto negativo que esto podría tener en terceros no involucrados, como provincias y bonistas. La empresa YPF, que no forma parte del juicio, también podría padecer las repercusiones de cualquier decisión adversa. Su CEO, Horacio Marín, ha enfatizado que el reclamo es exclusivamente contra el Estado nacional.
Referencia a Casos Anteriores
Además, se mencionó un caso similar conocido como el "caso Bainbridge", relacionado con el default de 2001, donde se ordenó la entrega de acciones de YPF como compensación. En esa ocasión, la apelación se basó en la imposibilidad de cumplir con la sentencia sin vulnerar el dominio público de los recursos hidrocarburíferos.
Expectativas del Gobierno
El Gobierno argentino confía en que sus fundamentos legales, la falta de precedentes y las posibles implicancias internacionales fortalecen sus posibilidades de revertir el fallo en la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
