El gobierno argentino ha tomado la medida de suspender un total de 110.592 Pensiones no Contributivas (PNC) por invalidez laboral. Esta decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) han revelado irregularidades en la concesión de estas prestaciones.
Nuevas bajas de Anses a PNC
Además de las suspensiones mencionadas, se han registrado 8.107 bajas correspondientes a beneficiarios fallecidos y 10.038 renuncias voluntarias al beneficio de Anses. Adorni destacó la detección de prácticas anómalas, como el uso repetido de radiografías y ecocardiogramas en diversas solicitudes, con una concentración notable en provincias como Tucumán y Chaco.
El Gobierno de Javier Milei argumenta que estas irregularidades forman parte de un esquema de corrupción que se inició durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando las PNC por invalidez laboral aumentaron de 79.000 a más de un millón. Aunque hubo una leve disminución en la presidencia de Mauricio Macri, el número volvió a crecer durante el mandato de Alberto Fernández, alcanzando 1.222.000 prestaciones a finales de 2023.
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Las investigaciones sugieren que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades. Además, un 5% de estos casos corresponde a beneficiarios con bienes de alto valor o empleo formal, mientras que el resto involucra irregularidades médicas, incluidos estudios inapropiados.
Emergencia en discapacidad vetada por Javier Milei
El presidente Javier Milei vetoó la emergencia en discapacidad, establecida en el Decreto 534/2025, que obligaba a Anses a restablecer las PNC dadas de baja. Este decreto proponía, además, la creación de una nueva pensión no contributiva que sería compatible con el trabajo formal y mejoraría la transparencia en las auditorías.
El futuro de esta normativa dependerá de la decisión del Congreso, que necesitará el apoyo de dos tercios de ambas cámaras para anular el veto presidencial. Mientras tanto, Milei ha anunciado su intención de enviar un proyecto de ley que penaliza a legisladores que sancionen leyes sin una partida presupuestaria asegurada.
