El Congreso argentino analiza un nuevo proyecto que propone reactivar los créditos de ANSES en 2026, permitiendo acceder a préstamos de hasta $1.500.000. Este programa está destinado a jubilados, beneficiarios de asignaciones y pequeños contribuyentes, y busca cerrar el vacío normativo vigente desde 2025 mediante un esquema regulado que priorice la cancelación de deudas.
Quiénes podrían acceder a los créditos de ANSES si se aprueba la ley
El programa se enfocaría en sectores con ingresos bajos o que reciben prestaciones sociales. Su objetivo es ofrecer alternativas formales de financiamiento ante el endeudamiento informal.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran:
- Jubilados y pensionados con haberes bajos dentro del sistema previsional.
- Titulares de asignaciones como la AUH y la AUE.
- Perceptores de pensiones no contributivas y trabajadores de casas particulares.
- Monotributistas de categorías iniciales, desde la A hasta la D.
Según el proyecto, el sistema funcionaría de manera 100% digital y sin intermediarios, permitiendo validar información en tiempo real mediante cruces con el Banco Central para garantizar la veracidad de las deudas.
Además, se plantean condiciones específicas para evitar el sobreendeudamiento:
- La cuota no podrá superar el 30% del ingreso neto.
- La tasa se calcularía a partir de un índice de referencia más un adicional, manteniéndose por debajo de los niveles del sistema financiero tradicional.
Cuándo podrían activarse los nuevos créditos de ANSES en 2026
La implementación del programa depende de la aprobación del proyecto en el Congreso, comenzando por la Cámara de Diputados, seguida por el Senado y, finalmente, su reglamentación.
Si se logran acuerdos políticos, los impulsores estiman que los créditos podrían activarse durante la segunda mitad de 2026. Este cronograma está atado al debate sobre el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a los tiempos administrativos necesarios para su ejecución.
Actualmente, el sistema de préstamos permanece inactivo. Sin embargo, la iniciativa contempla una actualización automática del monto máximo en función del salario mínimo, buscando evitar que la inflación disminuya su valor al momento de su lanzamiento.
Si avanza, el programa buscaría recuperar una herramienta histórica de asistencia financiera estatal, incorporando mayor control, trazabilidad y sostenibilidad económica para los beneficiarios.