En medio de un acalorado debate sobre la composición del Poder Judicial, comenzaron las conversaciones políticas para definir quiénes ocuparán las futuras vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos y de defensa de la igualdad de género resaltaron la importancia de que el proceso de designación contemple la paridad de género.
Un llamado a la paridad en la alta corte provincial
Desde distintas agrupaciones, se recordó que “en 150 años de historia, solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal”, quien actualmente ocupa el cargo. Esto, afirman, pone de manifiesto un “déficit democrático y de legitimidad” y una “desigualdad estructural persistente” en el sistema judicial.
Ante esta situación, se hizo hincapié en que “tras un siglo y medio de representación casi exclusivamente masculina”, la provincia tiene una “oportunidad histórica” para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad de género.
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La organización Amnistía Internacional advirtió que no designar mujeres para estas vacantes “significaría perpetuar la exclusión estructural” y “incumplir obligaciones internacionales”. Además, aseguraron que cubrir los puestos vacantes con mujeres calificadas es un paso hacia una justicia más representativa y legítima.
“Garantizar una integración paritaria en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires constituye una oportunidad decisiva para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial”, concluyeron en un comunicado, insistiendo en la necesidad de transformar las instituciones para que reflejen mejor las demandas de la ciudadanía. La presión social y política se hace cada vez más evidente en un contexto donde se exige una justicia más inclusiva, transparente e igualitaria.
