Un nuevo escándalo se cierne sobre el Servicio Penitenciario Federal, particularmente en la figura de su director, Fernando Julián Martínez, tras la orden de allanamiento emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. La investigación se centra en la relación entre el funcionario y la empresa que provee alimentos a la Unidad Penal de Ezeiza.
Revuelo judicial por el allanamiento en el SPF
El pasado viernes, el clima se tornó tenso cuando Martínez entregó un teléfono viejo a la Justicia en lugar de su dispositivo habitual. Esto levantó sospechas entre los agentes que, al requerir el celular correcto, fueron informados de que el director lo había “extraviado” ese mismo día.
El juez Villena, ante la irregularidad en el comportamiento de Martínez, solicitó rastrear las señales del celular desde las antenas de telefonía celular. El allanamiento se realizó a las 11.30 de la mañana y, sorprendentemente, la última conexión del dispositivo perdido tuvo lugar justamente una hora antes de la medida judicial, cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas.
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Investigación sobre la licitación de alimentos
La ejecución del allanamiento coincidió con la resolución de una nueva licitación para la provisión de alimentos en la Unidad Penal de Ezeiza, donde permanecen cerca de 2.000 personas privadas de su libertad. La empresa Bio Limp ganó esta licitación, recordando un oscuro antecedente: Villena había sancionado previamente a otra proveedora por la mala calidad de los alimentos entregados.
La preocupación de Villena por la calidad de la comida en el penal va más allá de simples quejas. En su momento, un habeas corpus había demostrado que los alimentos superaban los niveles máximos de Escherichia coli, lo que había llevado a la prohibición de participación a la empresa Foodrush. Aun así, a pesar de los controles judiciales, Bio Limp ha enfrentado denuncias similares.
Posibles conexiones entre empresas proveedoras
La impunidad de las empresas parece ser un patrón. Según fuentes cercanas a la investigación, se ha detectado que Bio Limp continuaba operando con camiones de Foodrush y que empleaba al mismo personal de cocina. Esto provocó una expansión de la línea de investigación hasta el director del SPF, a quien se acusa de tener conocimiento sobre la situación.
A medida que la trama se desenvuelve, Villena ha manifestado que el SPF no podría haber desconocido la continuidad del negocio de Foodrush bajo el nombre de Bio Limp, lo que refuerza la sospecha de un sistema enraizado de corrupción dentro del servicio penitenciario.
Reacción del SPF y la posición del juez
Durante la reunión tensa que siguió al allanamiento, Martínez se mostró reacio a aportar un justificativo por el extravío de su teléfono, lo que fue visto como un desafío a la autoridad judicial. Fuentes señalaron que el director del SPF llegó al lugar a bordo de una camioneta vinculada a Enrique “Quique” Antequera, un prófugo de la justicia.
La fiscal federal Cecilia Incardona ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones de Villena, alegando irregularidades en el proceso judicial. No obstante, desde el entorno del juez se señala que este tiene elementos suficientes para continuar adelante con la investigación. La situación ha generado un clima de alerta, considerando que Villena se enfrenta a intereses que podrían estar arraigados en entidades criminales de larga data.
Federico Villena se comunicó con la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le brindó su total apoyo. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, y se anticipan más novedades en la investigación.
