El Ejecutivo nacional ha confirmado la promoción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente aprobada por el Congreso, tras la anulación del veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la implementación de la normativa no se llevará a cabo hasta que se definan claramente los recursos financeiros necesarios para su ejecución.
Promulgación y Reglas de Aplicación
El anuncio fue realizado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien enfatizó que la promulgación de la ley es un hecho consumado. Francos aclaró que será necesario dictar un decreto reglamentario que establezca los mecanismos concretos para su aplicación. Este movimiento se produce tras la insistencia del Parlamento, que rechazó el veto presidencial.
Controversias sobre el Financiamiento
Uno de los puntos más debatidos en torno a esta ley es el tema del financiamiento. El artículo 38 de la Ley Financiera establece que toda norma aprobada debe especificar el origen de los fondos requeridos para su implementación. Francos criticó a la oposición por no detallar estos recursos, advirtiendo que los ajustes no pueden afectar a otros grupos vulnerables, como los jubilados.
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Impacto Estimado
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma podría incrementar el número de beneficiarios entre 493.000 y 946.000 personas, lo que representaría un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Adicionalmente, se prevén gastos que ascenderán a cientos de miles de millones de pesos para compensaciones a prestadores y talleres de producción.
