La reciente publicación de la Decisión Administrativa 23/25 por un total de $ 493.591 millones, ha provocado un amplio recorte en las partidas destinadas a la asistencia por inundaciones en la Ciudad de Bahía Blanca. Este ajuste incluye una reducción de $ 100.000 millones en el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, originalmente creado para ayudar a los damnificados. La medida ha generado preocupación entre los residentes que sufrieron las consecuencias de las inundaciones ocurridas en marzo de 2025.
Recortes en la Asistencia
El recorte de $ 100.000 millones en el fondo destinado a Bahía Blanca es el resultado de la interpretación del Gobierno sobre los informes técnicos de las inundaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta reducción representa un ajuste significativo en las partidas asignadas para la recuperación en la localidad afectada. La ayuda económica, que había sido inicialmente establecida en US$ 200.000 millones, se verá drásticamente recortada.
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Veto a la Ley de Ayuda
El contexto de esta decisión se agrava por el veto del Gobierno a una ley sancionada el 4 de junio de 2025, que había sido aprobada por todos los bloques del Congreso. Dicha ley contemplaba una ayuda de $ 200.000 millones para atender los daños en la Provincia de Buenos Aires, principalmente en Bahía Blanca y Coronel Rosales. El veto se justificó al considerar que las medidas de asistencia ya estaban implementadas mediante el Decreto 238/25.
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Fundamentos del Veto
En la justificación del veto se indicó que el Gobierno ya había creado un fondo especial de asistencia de $ 200 millones para los residentes afectados y que parte de dicho financiamiento provenía de un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Además, se argumentó que atender a Coronel Rosales resultaría "imposible" dado que esta localidad no figuraba en los informes del Servicio Meteorológico Nacional.
Medidas Implementadas
A pesar del veto, el Gobierno sostiene que se han tomado medidas adecuadas para la reconstrucción. En su fundamentación, se menciona que las acciones ejecutadas bajo el Decreto N° 238/25 han hecho que, en un contexto de estrechez presupuestaria, se considere innecesario un auxilio financiero adicional. Sin embargo, con la nueva decisión de reducir a la mitad el fondo de ayuda, se intensifican las preguntas sobre la efectividad de las medidas y el apoyo real a los ciudadanos afectados.
