La Defensoría del Pueblo bonaerense y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) han realizado un llamado al gobierno nacional para que suspenda la revisión de las pensiones no contributivas, que ya ha resultado en la interrupción de miles de ayudas a beneficiarios a nivel nacional. Este reclamo se centra en la necesidad de garantizar la continuidad de estas asistencias, especialmente en un contexto donde los procedimientos de auditoría han generado preocupación.
Contexto del Reclamo
El pedido se formalizó ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por Guido Lorenzino. Se busca ampliar una medida cautelar que la Justicia concedió a la Defensoría del Pueblo de Formosa, extendiéndola a beneficiarios de otras provincias que se encuentran en situaciones similares. La iniciativa es vista como crucial para restablecer el acceso a estas pensiones esenciales.
Desigualdades Territoriales
Lorenzino ha señalado que "limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible". Esta afirmación resalta que personas en condiciones idénticas están recibiendo diferentes tratamientos en función de su ubicación, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución.
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Procedimientos Irrégulares
La Defensoría ya había solicitado a la ANDIS la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas para personas con discapacidad en la Provincia de Buenos Aires. La solicitud se base en la crítica a la falta de un procedimiento adecuado para la suspensión de estas asistencias, que se realizó sin la debida notificación y bajo exigencias burocráticas consideradas desproporcionadas. Este contexto plantea importantes desafíos en el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad en el país.
