Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se aproximan a una fase crucial, generando un ambiente de alta expectativa entre los ciudadanos y los candidatos. Con el mayor padrón electoral del país, los resultados en este territorio son considerados decisivos para el panorama político nacional.
Desdoblamiento de elecciones
Los votantes bonaerenses enfrentarán una doble jornada electoral. El gobernador Axel Kicillof optó por desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales para evitar confusiones que podrían surgir de la superposición de sistemas de votación distintos.
El primer turno se llevará a cabo el 7 de septiembre, donde se elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. También se votará por concejales y consejeros escolares en cada municipio.
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Campaña electoral y límites
La campaña electoral concluirá el 5 de septiembre, lo que marca la fecha límite para la emisión de propaganda política, la realización de actos públicos y la difusión de encuestas. Esta normativa busca regular la información que los votantes recibirán en la previa a las elecciones.
Modalidad de votación
En las elecciones provinciales, se mantendrá el uso de la boleta partidaria tradicional, conocida como boleta sábana. Por el contrario, en las elecciones nacionales, se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) en todos los distritos del país.
Participación ciudadana
Más de 13 millones de electores están habilitados para votar en la provincia, lo que representa aproximadamente el 37% del padrón nacional. El Ministerio de Transporte bonaerense anunció que se brindarán micros gratuitos para facilitar el traslado de los votantes durante ambas jornadas electorales, incluyendo servicios urbanos e interurbanos.
Cambios en las boletas
Recientemente, la Justicia provincial decidió suspender una normativa que limitaba a dos la cantidad de fotos de candidatos en las boletas partidarias para el 7 de septiembre. Esta medida se tomó a raíz de un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo, que argumentó la falta de fundamentos para dicha restricción.
