En medio de un contexto económico complejo, el Senado de la Nación ha aprobado un nuevo aumento salarial que generó controversia y reavivó el debate sobre los salarios de los representantes políticos. A partir de noviembre, cada senador comenzará a percibir más de $10,2 millones brutos, un incremento que se presenta en un momento de dificultades económicas para muchos argentinos.
Detalles del nuevo esquema salarial para senadores
Este incremento se basa en un sistema de “enganche” salarial, implementado en abril de 2025, que vincula los salarios de los senadores con los aumentos acordados para los trabajadores del Congreso. Según este esquema, los senadores recibirán 4.000 módulos en total: 2.500 por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, aunque este último no se aplicará a cuatro legisladores específicos.
La reciente paritaria, que establece aumentos del 1,3% en junio, julio y agosto, junto con un bono de $25.000, y del 1,2% en septiembre, octubre y noviembre más un bono de $20.000, ha ajustado el valor del módulo a $2.554. Esto resulta en una dieta mensual de $10,2 millones brutos, antes de impuestos y descuentos.
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Reacciones y posturas entre los legisladores
La decisión ha generado indignación en varios sectores, especialmente tras un aumento anterior que elevó los salarios a $9,5 millones. Bloques de la oposición, como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, han manifestado su intención de renunciar al incremento. A su vez, gran parte del bloque oficialista, con excepciones como Fernando Rejal y Alicia Kirchner, ha decidido aceptar el aumento.
La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó distanciarse del conflicto permitiendo que cada senador decidiera individualmente sobre la aceptación del aumento. Sin embargo, la falta de consenso para reinstaurar un congelamiento de las dietas dejó la cuestión a la libre elección de los legisladores.
Diferencias salariales en el contexto del ajuste económico
El nuevo salario de los senadores, que se eleva a $10,2 millones, contrasta drásticamente con los $653.000 que recibe un trabajador legislativo de menor categoría. Esta disparidad ha intensificado las críticas en un entorno de recortes y ajustes económicos, donde el aumento supera incluso las paritarias de gremios importantes como los de camioneros o metalúrgicos. Las denuncias sobre los privilegios de la “casta política” se han reavivado, planteando un cuestionamiento sobre la equidad salarial en un país en crisis.
