El Gobierno Nacional ha decidido solicitar la recusación del juez federal Ernesto Kreplak en la investigación sobre la distribución de fentanilo contaminado en hospitales públicos, lo que ha provocado la muerte de aproximadamente un centenar de personas. La Casa Rosada confirmó esta decisión en medio de críticas al desempeño del magistrado durante estos tres meses de indagación.
Contexto de la Investigación
La indagatoria llevada a cabo por el juez Kreplak ha revelado que 96 muertes en hospitales de varias ciudades han sido atribuidas a ampollas de fentanilo contaminado distribuidas por los laboratorios HLB y Ramallo. Recientemente, se han confirmado 14 nuevas muertes en provincias como Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, elevando así el total de víctimas.
Las investigaciones también han llevado a la localización de 232 ampollas de fentanilo contaminado no consignadas del lote adulterado. Este lote ha sido vinculado con las mismas bacterias presentes en los pacientes que fallecieron tras presentar severos cuadros de neumonía en terapia intensiva.
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Críticas al Juez y Demandas de Investigación
La diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la lentitud de la investigación. “Me parece que tendrían que actuar un poco más rápido y contundentemente para eliminar todas las sospechas”, advirtió, cuestionando la imparcialidad del juez dado su parentesco con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
A pesar de las críticas, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha respaldado el trabajo de Kreplak. Reconoció en un canal de noticias que mantiene conversaciones regulares con él y expresó su confianza en que el juez está manejando la situación correctamente. “Si él siente algo, se apartará”, afirmó Bullrich, enfatizando la importancia del seguimiento al laboratorio involucrado.
La solicitud de recusación y las tensiones políticas en torno a este caso resaltan la necesidad de transparencia y rapidez en la justicia frente a la creciente preocupación pública por la seguridad en el sistema de salud.
