El gobierno argentino ha ejecutado la anulación de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, que fueron otorgadas de manera irregular en administraciones anteriores. Esta decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia en la Casa Rosada. La cifra supera en 20 mil a la previamente reportada y se revela después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a una ley destinada a aumentar los fondos para este sector.
Detalles del Recorte
Adorni detalló que el 60% de los beneficiarios no completó el trámite de verificación de requisitos, lo que llevó a cancelar estas pensiones. Además, se suspendieron 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 casos en los que los beneficiarios optaron por renunciar voluntariamente. Este recorte se estima que permitirá un ahorro de 35 mil millones de pesos mensuales para las arcas públicas.
Ejemplos de Irregularidades
El vocero presidencial proporcionó ejemplos de las irregularidades encontradas durante el proceso de revisión. En Tucumán, se descubrieron casos de repeticiones en los estudios de salud, mientras que en el Chaco, se halló una misma radiografía utilizada para 150 pensiones por invalidez. Adorni mencionó que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, había denunciado previamente una "actividad fraudulenta a gran escala" que podría generar un desvío de fondos cercano a 1.000 millones de dólares anuales.
Contexto Histórico
En su intervención, Adorni revisó el historial de las pensiones desde 2003, señalando que, durante los gobiernos kirchneristas, la cantidad de Pensiones No Contributivas pasó de 79.000 a 1.045.000. Durante el mandato de Mauricio Macri, la cifra se redujo a 1.026.000, solo para rebasar 1.222.000 en diciembre de 2023 bajo la administración de Alberto Fernández. Adorni concluyó que este incremento "estratosférico" de pensiones no se justifica en un país sin guerras militares ni desastres naturales.