El ministro de Economía, Luis Caputo, ha lanzado un fuerte aviso a las entidades bancarias en relación con el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre secreto fiscal. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Caputo enfatizó que es inadmisible que los bancos continúen exigiendo la presentación de documentaciones impositivas a sus clientes, a pesar de que tales prácticas están prohibidas desde la implementación de la Resolución General 5696/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Advertencia a las Entidades Bancarias
Caputo afirmó: “Si insisten en no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una vez”. Este comentario surgió tras la denuncia de un usuario que evidenció que los bancos continuaban solicitando a sus clientes declarar impuestos nacionales, lo que va en contra de la normativa vigente desde finales de mayo de este año.
El contador Alejandro Rosenfeld subrayó que la práctica de requerir certificaciones y formularios voluntarios por parte de las entidades bancarias puede interpretarse como un acceso indirecto a las declaraciones juradas de sus clientes. Esto ha levantado preocupaciones sobre la falta de cumplimiento de la ley.
Normativa Vigente y Protección del Consumidor
Según se detalla en la normativa, se prohíbe que bancos, aseguradoras e inmobiliarias obliguen a sus clientes a presentar documentación fiscal como condición para acceder a sus servicios. El objetivo es evitar el abuso de poder y proteger a los consumidores que se encuentran en una situación de desventaja jurídica.
Caputo hizo un llamado a los usuarios para que no entreguen la documentación solicitada y aseguró que el Gobierno tomará medidas concretas para frenar estas exigencias indebidas, destacando que ya se han recibido múltiples reportes sobre el incumplimiento de las normativas.
Acciones Futureas
Ante este contexto, el Ministro anunció que se llevarán a cabo conversaciones con el sector financiero. “Vamos a hablar con los bancos”, dijo Caputo, enfatizando la postura firme del Ejecutivo para garantizar el respeto al nuevo marco legal.
