La jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, ha decidido suspender por 180 días cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025, que establece la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta medida cautelar se enmarca en un conflicto legal respecto a las implicancias del decreto en los derechos laborales de los trabajadores viales.
Medida cautelar y su justificación
La resolución de la jueza fue tomada en respuesta a una medida cautelar de no innovar solicitada por el gremio Sevina, que representa a los trabajadores del sector vial. Forns ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que incluya reubicaciones, cesantías, traslados o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad. La suspensión tiene como objetivo proteger los derechos laborales mientras se revisa el caso.
Implicancias legales del Decreto
La jueza dejó en claro que el decreto no podrá tener efectos prácticos durante el análisis judicial de su contenido. En este sentido, Forns subrayó que la Constitución Nacional, así como los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente los convenios N° 87, 98 y 151, impiden al Estado modificar unilateralmente las condiciones laborales establecidas en los acuerdos colectivos vigentes.
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Análisis pendiente sobre la constitucionalidad
A pesar de la decisión actual, la magistrada aún no se ha pronunciado sobre el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto. Forns consideró que evaluar estas cuestiones requiere un "estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba," dejando abierta la posibilidad de un análisis más detallado en el futuro.
Esta situación destaca la tensión entre las políticas del gobierno y los derechos laborales en el contexto actual, que continua desarrollándose en los estrados judiciales.
