La reciente decisión de la jueza Moira Fullana ha generado un importante impacto en el ámbito laboral argentino. Este lunes, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que había sido impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Este fallo representa un nuevo revés judicial para la actual gestión.
Contexto del DNU 340/2025
El DNU buscaba expandir el listado de actividades "esenciales", estableciendo la obligación de que durante jornadas de paro al menos entre un 50% y un 75% de estas actividades mantuvieran su funcionamiento. De esta manera, se restringía el ejercicio del derecho a huelga, un punto que fue central en la contestación judicial presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El falló judicial
En su resolución, la jueza Fullana argumentó que el Ejecutivo no justificó adecuadamente una situación de emergencia que permitiera la emisión de normas con fuerza de ley, algo que corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. Este aspecto fue crucial para validar la denuncia de inconstitucionalidad.
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Reacciones y repercusiones
Las organizaciones sindicales, como la CGT y las centrales de la CTA, celebraron el fallo judicial, entendiendo que el DNU vulneraba derechos laborales esenciales. Según mencionaron, este decreto contradecía principios establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución, así como en el Convenio 87 de la OIT y otros tratados internacionales de derechos humanos.
Implicaciones en reformas laborales
El DNU 340/2025 era parte de un conjunto más amplio de reformas laborales incluidas en el capítulo 4 del DNU 70/23, el cual también ha sido parcialmente suspendido por la Justicia. Este último se encuentra a la espera de una decisión de la Corte Suprema en relación con su constitucionalidad. La situación actual plantea incertidumbres en un área crucial para el desarrollo laboral y la regulación de derechos en el país.
