La provincia de Buenos Aires ha iniciado procedimientos para evaluar la situación judicial de la jueza Julieta Makintach, quien se encuentra bajo la mira tras su involucramiento en la causa por la muerte de Diego Maradona. A raíz de su participación en la filmación del documental Justicia Divina sin previa consulta a las partes, se han imputado 14 presuntas irregularidades que han llevado a la anulación del juicio oral en el que estaba participando.
Proceso de Enjuiciamiento
El jurado de enjuiciamiento se ha conformado con cinco abogados titulares: Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco. También se designaron tres abogados suplentes: Alberto Biglieri, Lisandro Benito y Guillermo Andrés Marcos, quienes fueron sorteados en la sede de la Suprema Corte provincial.
Acusaciones Recibidas
La acusación ha sido impulsada por el procurador Julio Conte Grand y abarca serias imputaciones que incluyen abuso de autoridad y falta de imparcialidad. Además, se señala que la jueza asumió funciones que no le correspondían e ingresó cámaras al Tribunal Oral Nº3 de San Isidro sin la debida autorización. Esta situación ha suscitado cuestionamientos sobre la ética en el ejercicio del poder judicial.
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Impacto Institucional
La exjueza penal Gabriela Persichini, quien habló con el programa Ramos generales, enfatizó que el procedimiento pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial. "Lo que hizo Makintach es novedoso, jamás pasó en el Poder Judicial", opinó. Agregó que la situación ha "herido de muerte" a la institución, mencionando que lo único que el sistema no necesitaba era este tipo de controversias.
Consecuencias Potenciales
Persichini advirtió que si el jurado decide apartar a Makintach del Poder Judicial, ella no podrá ingresar nunca más al mismo. Actualmente, Makintach se encuentra bajo una licencia de 90 días, lo que la aleja del proceso principal mientras se desarrolla la evaluación judicial. El jurado debe avanzar con prontitud, aunque respetando el debido proceso. La próxima etapa implicará la posibilidad de recusaciones por parte de la magistrada o del Ministerio Público, y posteriormente se fijará la primera audiencia del juicio político.
