La Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo que suspende el decreto 116/25 del gobierno de Javier Milei, que proponía convertir al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. Esta decisión judicial se basa en una medida cautelar previamente dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad presentado por un grupo de empleados de la entidad.
Contexto del Decreto
El gobierno nacional buscaba transformar la estructura jurídica del Banco de la Nación, continuando así como una entidad pública pero con mayor flexibilidad para su capitalización. Según la administración, esta decisión se fundamentó en la delegación de facultades otorgada por la ley de Bases y el DNU 70 sobre privatizaciones.
Sin embargo, un grupo de trabajadores del banco había presentado una demanda judicial el año pasado, argumentando que el decreto de necesidad y urgencia y la resolución relacionada eran inconstitucionales. En septiembre de 2024, Ramos Padilla dictó un fallo que prohibió cualquier modificación en la situación jurídica del banco, precisando que el mismo fue creado en 1891 y cualquier cambio debe ser aprobado por el Congreso.
Argumentos de la Cámara Federal
La Sala III de la Cámara Federal, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín, ratificó la posición del juez Ramos Padilla, refiriéndose a que la privatización del banco estaba expresamente excluida del proyecto original que resultó en la sanción de la ley 27.742. Los jueces afirmaron que esta exclusión significaba que el Congreso debía evaluar y decidir sobre cualquier posible modificación en la naturaleza del banco.
Las autoridades judiciales argumentaron que la delegación solicitada por el Poder Ejecutivo no puede aplicarse a una entidad cuyo estatus no fue habilitado para ser alterado por el Congreso.
Reacción del Banco Nación
En respuesta al fallo, el Banco Nación emitió un comunicado en el que criticó la decisión judicial, considerándola “arbitraria”. La entidad anticipó que apelará a la Corte Suprema. En su defensa del decreto, el banco alegó que la transición a una sociedad anónima mejoraría su transparencia y eficiencia, lo que potencialmente podría aumentar el crédito privado en el país.
Además, el Banco Nación destacó que en los últimos años su participación en el financiamiento ha disminuido significativamente, representando solo el 6,5% del PBI en 2023, en comparación con cifras mucho más elevadas en años anteriores. Afirmó que esta transformación es esencial para cumplir con su mandato de apoyar a familias y empresas argentinas, especialmente a las PYMEs.
Esta situación pone de relieve un intenso debate sobre la estructura futura del Banco de la Nación y su rol en la economía argentina, mientras se evalúan los efectos legales y financieros que la decisión de la justicia puede acarrear.
