Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, las disparidades económicas entre los montos que perciben los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se han intensificado. La reciente duplicación de la AUH ha generado una ola de descontento entre las familias que dependen del SUAF, resaltando así las tensiones existentes en la política de asignaciones familiares del país.
Aumentos a AUH y beneficios adicionales
A comienzos del año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el aumento del 100% en la AUH, argumentando que esta medida busca apoyar a los sectores más vulnerables, con un énfasis especial en niños y adolescentes.
Además del incremento en la asignación universal, se duplicaron los montos de la Tarjeta Alimentar y se implementó un ajuste del 500% al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Sin embargo, estos beneficios adicionales no están accesibles para las familias del SUAF. Esta situación ha desencadenado reclamos en redes sociales, donde los trabajadores formales solicitan que el Gobierno equipare los montos de la asignación por hijo en ambos sistemas.
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Reducción de topes de ingresos del SUAF y falta de equiparación
Simultáneamente a la duplicación de la AUH, el Gobierno introdujo una reducción de los topes de ingresos para acceder al SUAF a través del Decreto 194/2024. Esto ha resultado en que menos familias de trabajadores formales logren acceder a asignaciones familiares desde febrero de 2024.
Los límites de ingresos, que en su momento se ajustaron, disminuyeron de $1.980.000 a $1.077.403 para el tope individual, y de $3.960.000 a $2.154.806 para el tope familiar. Los límites que se prevén para junio de 2025 serán de $2.244.685 y $4.489.371, respectivamente.
Esta política, que impacta directamente sobre los trabajadores formales, se encuentra en el contexto de la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La administración sostiene que estas decisiones buscan garantizar una distribución equitativa de los recursos, fundamentándose en el principio de solidaridad social.
A pesar de las demandas de equiparación entre los montos del SUAF y la AUH, las autoridades gubernamentales no han mostrado indicios de considerar esta posibilidad.
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