El fiscal ante la Casación Penal, Mario Villar, emitió un dictamen en el que recomienda rechazar el pedido de Cristina Kirchner para que no se decomisen los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia. En su dictamen, Villar advierte que debe avanzarse de inmediato con la ejecución de las 19 propiedades mencionadas en el caso.
Fondo del caso Vialidad y condena de prisión
Este desarrollo se enmarca en la causa Vialidad, en la que la ex presidenta cumple una pena de 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de sus bienes representa lo último que resta ejecutar de dicha condena.
Los abogados de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la ex mandataria son ajenos al proceso y que sus propiedades tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona la totalidad del decomiso.
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Villar recordó que la condena en el caso Vialidad se volvió firme en junio del año pasado y que el decomiso ya había sido dispuesto como parte de la sentencia. Por lo tanto, lo que se discute actualmente no es la legalidad del decomiso, sino su ejecución.
El fiscal también destacó que, en casos de corrupción, no siempre es posible rastrear con precisión el origen de los fondos ilegales, lo que lleva a jueces a considerar el aumento patrimonial como indicio de delito. Esta afirmación responde a las críticas de Kirchner respecto al “modelo de decomiso ampliado” implementado por el Tribunal Oral Federal N°2 que dictó su condena.
En su defensa, los abogados de Kirchner sostienen que no se llevó a cabo ninguna investigación patrimonial ni análisis de la trazabilidad de los fondos para demostrar que los bienes de sus hijos estén relacionados con el delito por el cual fue condenada.
El listado de propiedades que la ex presidenta busca proteger incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad y varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz, todos cedidos a sus hijos por Cristina o Néstor Kirchner.
Cristina Kirchner también cuestiona la actualización del monto del decomiso, argumentando que este fue incorrectamente calculado y que no se encuentra firme. La Justicia fijó el total a cubrir en poco más de $684.000 millones.
“El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia legal de una condena penal firme”, explicó Villar. “La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, añadió el fiscal.
La defensa de Kirchner busca que se otorgue un efecto suspensivo al recurso, deteniendo cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad. Esta disputa por el decomiso deberá ser resuelta por los jueces de la Cámara, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes se espera se reúnan la próxima semana para tomar una decisión.
El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola han insistido en la ejecución de los bienes, apoyándose en el planteo de Villar. En agosto pasado, solicitaron que esta medida se implemente de manera inmediata, pero sin éxito. Además de los bienes de la ex presidenta, también han solicitado el decomiso de propiedades relacionadas con Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente. En total, se pidieron 141 inmuebles, 46 automotores, y diversas sumas de dinero, tanto en efectivo como en cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.
