El debate por la reforma laboral en Argentina enfrenta un estancamiento político a solo 13 días de su posible debate en el Senado, fijado para el 11 de febrero próximo. En medio de negociaciones intensas, la propuesta del Gobierno se ha encontrado con resistencias que dificultan su avance.
Resistencias en el Senado ante la reforma laboral
En una reunión reciente, el ministro del Interior, Diego Santilli, escuchó a los gobernadores del norte del país, quienes expresaron su preocupación por un sector del articulado que afecta la recaudación del impuesto a las Ganancias. Este apartado, que reduce la carga tributaria para sociedades y alquileres, ha generado un fuerte desacuerdo con mandatarios provinciales, quienes sostienen que perjudica las arcas locales.
Fuentes cercanas a la negociación indican que, pese a la posibilidad de ajustes menores en el formato del texto, el núcleo del proyecto se mantendrá sin cambios. La reforma, que incluye ajustes tributarios, no prevé modificaciones en esos artículos claves que generan tensiones entre el Gobierno y los gobernadores. “No se tocará ese tramo”, afirmó una fuente del Gobierno a LA NACION.
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Impacto fiscal y expectativas de compensación
El rechazo de los gobernadores se basa en la perspectiva de una pérdida significativa de fondos. Según el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal inicial de esta reforma podría representar el 0,22% del PBI hacia 2026, afectando los giros automáticos a las provincias en un monto estimado entre $5000 y $6000 millones mensuales.
Gobernadores aliados han exigido garantías de compensación por los fondos que perderían. Sin embargo, el Gobierno asegura que los reclamos son erróneos y sostiene que, con la entrada en vigor de la reforma, la recaudación se equilibrará a través de un crecimiento económico proyectado para 2027.
Apoyo y diálogo entre el Gobierno y los gobernadores
Durante los últimos días, Santilli se reunió con varios mandatarios, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes han expresado su disposición a colaborar, siempre que no se vean comprometidos los intereses de sus provincias. Sáenz destacó que el respaldo a la reforma debe contemplar el bienestar de todos los sectores involucrados.
A pesar de las presiones, la administración de Javier Milei se muestra inflexible en el corazón de la reforma. Las conversaciones continúan abiertas, pero la posibilidad de una solución a corto plazo parece lejana ante las diferencias fundamentales sobre el tratamiento fiscal.
