El **Presupuesto Nacional 2026** prevé una asignación de **4,8 billones de pesos** para las universidades públicas del país, un aumento respecto al año anterior, aunque **insuficiente** en comparación con los **7,2 billones** que exige el **Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)** para garantizar su funcionamiento adecuado y mejorar las condiciones salariales de su personal.
Controversia por la Aplicación de la Ley de Financiamiento
La propuesta oficial ha encontrado un fuerte rechazo no sólo entre los rectores universitarios, sino que también ha generado un nuevo conflicto político debido a la ley que fue aprobada por el Congreso tras un veto presidencial. Esta ley establecía un mecanismo de actualización progresiva de los fondos universitarios, pero el Ejecutivo decidió no aplicarla, argumentando que no especificaba el origen de los recursos. Esta decisión ha suscitado fuertes críticas de la oposición política.
Durante las sesiones extraordinarias, convocadas del **10 al 31 de diciembre**, el oficialismo intentará aprobar el presupuesto. No obstante, algunos aliados del Gobierno no descartan la posibilidad de que se realicen ajustes en el monto destinado a las instituciones educativas.
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Nuevas Condiciones de Control y Ejecución Presupuestaria
Además de la disminución de fondos, el proyecto presupuestario introduce nuevas condiciones para la gestión de los recursos. Las universidades deberán presentar informes detallados ante la **Subsecretaría de Políticas Universitarias** para asignar, ejecutar y evaluar los fondos. Este requerimiento incluye la posibilidad de interrumpir las partidas en caso de incumplimiento.
Las instituciones también están obligadas a especificar la clasificación funcional del gasto en áreas como:
- Educación
- Cultura
- Salud
- Ciencia y tecnología
Comparativa de Fondos Universitarios
| Año | Fondos Asignados (billones de pesos) | Reclamo del CIN (billones de pesos) |
|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 7,2 |
| 2026 | 4,8 | 7,2 |
Con esta situación, las universidades enfrentan el desafío de administrar recursos limitados en un contexto de creciente presión por parte de sus comunidades académicas y la necesidad de garantizar la calidad educativa.
