El Gobierno nacional ha tomado una decisión significativa al derogar el decreto 2.417 de 1993, que regulaba diversas obligaciones de los colegios privados en Argentina. Esta medida podría afectar a aproximadamente 2.000 instituciones educativas que operan sin aportes estatales, representando cerca del 6% del total de los establecimientos educativos del país.
Detalles de la Derogación
El anuncio fue formalizado en el Boletín Oficial mediante el decreto 787/25, firmado por el presidente Javier Milei y varios ministros, incluyendo Manuel Adorni y Sandra Pettovello. La derogación se enfoca únicamente en las escuelas privadas sin aporte estatal, que no deben más cumplir con la obligación de informar sobre los costos de matrícula y cuotas antes del 31 de octubre de cada año.
Este decreto también contemplaba sanciones para aquellos colegios que no siguieran las regulaciones, consistentes en la suspensión de aportes estatales. Las instituciones, además, debían notificar a los padres sobre el contrato de enseñanza para el ciclo lectivo antes del 1º de octubre.
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Argumentos del Gobierno
El gobierno justificó esta decisión al señalar que la normativa anterior presenta “limitaciones y requerimientos” que dificultan la adaptación de los colegios a las realidades educativas y económicas actuales. Según el comunicado oficial, el contexto en el que fue creado el decreto ha cambiado significativamente, ya que la gestión de la educación ha sido transferida a las provincias.
Al respecto, se argumentó que los costos de operación de los colegios han variado, lo que ahora requiere una revisión de las regulaciones que se impusieron en el pasado. “La intervención del Estado en la regulación y financiamiento ha tenido efectos contraproducentes en la viabilidad económica de las instituciones”, se destacó en el informe.
Impacto en las Familias y Establecimientos
El Gobierno también comunicó que las exigencias de informar sobre las tarifas antes del ciclo lectivo han llevado a un aumento en los costos. La inflación en 2024 fue del 117,8%, mientras que las cuotas escolares aumentaron un 169%, es decir, un 44% más que la inflación general.
Se expone que este mecanismo de fijación de precios no solo impacta en la economía de las instituciones, sino que perjudica a las familias al forzarlas a enfrentar aranceles más altos desde el comienzo del año escolar. Esto limita su capacidad para seleccionar instituciones que se adecúen a sus posibilidades económicas.
