Una jubilada de 69 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, fue víctima de una ciberestafa que la dejó sin ahorros significativos. La Justicia falló a su favor, ordenando al Banco Provincia la devolución de USD 22.000 y $800.000, junto con una indemnización de $10 millones por daño moral. Este fallo resalta la responsabilidad de las entidades bancarias en la protección de los bienes de sus clientes.
El caso de la jubilada
La víctima, que padece esclerosis múltiple progresiva, fue considerada por el tribunal como una "consumidora hipervulnerable". El incidente ocurrió en julio de 2022, cuando intentó cancelar una hipoteca con el BBVA de Bahía Blanca. Después de completar un formulario en línea, recibió un mensaje de un número de WhatsApp que se hacía pasar por la entidad bancaria, lo que la llevó a entregar sus credenciales de homebanking bajo el pretexto de "validar su identidad". Minutos después, sus cuentas fueron vaciadas.
Decisión judicial
La jueza Guillermina Di Luca, del Juzgado Civil y Comercial N° 23 de La Plata, determinó que el banco era responsable por la falta de seguridad en su sistema informático. Esta sentencia sienta un precedente importante en las responsabilidades de las entidades financieras frente a los fraudes en línea. Los argumentos del banco, que negaron cualquier responsabilidad al afirmar que las transacciones se realizaron con las claves de la clienta, fueron rebatidos por las evidencias presentadas. La magistrada resaltó las fallas en el sistema de seguridad que facilitó la ciberestafa.
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La ciberestafa y el engaño
El engaño comenzó con la búsqueda de la jubilada para cancelar una hipoteca, que la condujo a interactuar con un estafador en un entorno confiable. Posteriormente, tras proporcionar sus credenciales, su acceso fue bloqueado, y al contactar al Centro de Fraudes del Banco Provincia, se enteró de que había sido despojada de sus ahorros. Este método de engaño pone en evidencia la vulnerabilidad de los clientes frente a tácticas cada vez más sofisticadas de phishing.
Evaluación pericial
Durante el juicio, los peritos informáticos confirmaron que se realizaron trece transferencias a seis beneficiarios distintos desde tres direcciones IP diferentes en un corto periodo de tiempo. El perito, Martín Sebastián Correa, concluyó que el sistema del banco carecía de medidas adecuadas de monitoreo y control para detectar transacciones sospechosas. Estas deficiencias fueron claves para el fallo judicial.
Reacción del abogado
Marcelo Szelagowski, el abogado de la víctima, elogió la decisión judicial y subrayó la necesidad urgente de que las entidades bancarias adopten medidas de ciberseguridad más efectivas. "Después de cinco años de bancarización digital plena, los bancos aún no han tomado medidas acordes a los riesgos actuales", afirmó, resaltando la responsabilidad compartida en la protección de los usuarios frente a fraudes en línea.
