El regreso de Fabiola Yañez a la Argentina marca un nuevo capítulo en su vida personal y familiar, tras varios meses en España. Ahora, junto a su hijo Francisco, Yañez ha recuperado la custodia policial que había dejado de lado durante su estadía en el extranjero, en un contexto marcado por su denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.
Regreso y vida cotidiana
Yañez llegó al país hace aproximadamente diez días y aún no ha comenzado a buscar empleo, dedicándose a reorganizar su vida personal. En este proceso, está analizando posibles colegios para su hijo. Durante este período, Francisco ya tuvo la oportunidad de reunirse con su padre en el estudio de su abogado, y habría habido un primer contacto en el aeropuerto de Ezeiza.
Custodia policial y cuestiones legales
El regreso de Yañez coincide con una audiencia en la Cámara de Casación, donde se discutía la continuidad del juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género. La abogada de Yañez, Mariana Gallego, recibió un mensaje de su clienta que la llevó a solicitar la restitución de la custodia policial. Aunque la solicitud fue inicialmente rechazada, Alberto Fernández intervino, argumentando que debía restablecerse debido al estatus de Yañez como familiar directo de un expresidente.
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Finalmente, tras la evaluación de riesgo realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se decidió restituir la custodia a través de la Policía Federal, en un domicilio cuyo paradero es reservado por pedido de Yañez. Este resguardo es un beneficio aplicable a todos los familiares de exmandatarios, y Yañez había renunciado a ello en España debido a desacuerdos sobre los costos.
Desafíos civiles y acuerdos pendientes
Además de la causa penal por violencia de género, Fernández y Yañez también enfrentan una disputa civil relacionada con la cuota alimentaria y el régimen de visitas de Francisco. Yañez solicita que se garantice el alquiler de un departamento con servicios adecuados hasta que su hijo alcance la mayoría de edad, así como el pago de una cuota alimentaria mensual que, según fuentes cercanas, rondaría los 6000 dólares. En contrapartida, Fernández ha ofrecido destinar su jubilación como expresidente para cumplir con estas obligaciones.
En términos judiciales, el 2 de octubre, Fernández solicitó el apartamiento de Ercolini, un pedido que fue aceptado y llevó la causa a manos del juez Daniel Rafecas, aunque su designación aún requiere confirmación definitiva. El fiscal Ramiro González ya había solicitado la elevación del expediente a juicio oral, pero diversas nulidades presentadas por Fernández deberán resolverse primero.
