La controversia en torno a la impresión de boletas para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires ha cobrado un nuevo giro tras la decisión de la Justicia electoral. Este conflicto surge luego de la renuncia de varios candidatos de la agrupación La Libertad Avanza, lo que llevó a la solicitud de reimpresión de boletas para adecuar la lista al nuevo orden. Sin embargo, la respuesta judicial ha desencadenado una serie de implicaciones para todas las fuerzas políticas involucradas.
La decisión judicial
La Justicia electoral ha dictaminado que "resulta material, temporal y jurídicamente inviable" la reimpresión de las boletas, con el riesgo añadido de comprometer el acto electoral mismo. Este fallo fue avalado por Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral.
Reacción de la Junta Electoral
Ante la solicitud de La Libertad Avanza, que involucró la renuncia de José Luis Espert, Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea, la Junta Electoral decidió actuar con cautela. Consideró que el pedido podría afectar a otras agrupaciones políticas y alterar los costos y la logística del operativo electoral. En este contexto, se solicitó la opinión de todas las fuerzas y un informe técnico al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina.
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Consecuencias de la resolución
Con la reciente decisión, no se emitirán nuevas boletas y las impresas serán las que se distribuyan en los centros de votación en toda la provincia. Esto preserva la columna de Espert y su compañero Reichardt tal como estaba proyectada y garantiza la continuidad logística del operativo electoral.
El rechazo a la reimpresión golpea significativamente a La Libertad Avanza, que había planeado actualizar sus boletas. En respuesta, el gobierno nacional ha anunciado que apelará la decisión, aunque aún no se han dado detalles sobre los plazos o el proceso judicial que podría impactar en el cronograma electoral.
