En medio de un contexto de reformas estructurales, el Gobierno de Javier Milei ha implementado la derogación de una norma vigente desde hace más de dos décadas que equiparaba los salarios de los empleados públicos contratados con los de la planta permanente. Esta medida afecta directamente a miles de trabajadores del sector público, en un entorno caracterizado por recortes de gasto y la creciente pérdida del poder adquisitivo.
Qué cambia con la derogación de la norma
La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta acción elimina la Decisión Administrativa N° 3/2004, que obligaba a equiparar los salarios de los trabajadores bajo contrato con los de la planta permanente.
A partir de ahora, los salarios de los contratados dejarán de estar vinculados a los de la planta permanente, lo que podría resultar en una reducción o licuación de sus ingresos reales. La Secretaría de Transformación del Estado mencionó que se está llevando a cabo una revisión de la normativa vinculada a las contrataciones, con el objetivo de optimizar los procesos administrativos, aunque no se han especificado los nuevos criterios de remuneración.
Un nuevo escenario para los trabajadores contratados
Con esta resolución, los trabajadores bajo contrato enfrentarán condiciones salariales más flexibles, sin referencias directas a los sueldos de la planta permanente. Esto genera incertidumbre sobre el futuro laboral y económico de estos empleados.
Despidos y nuevas figuras laborales en el Estado
La eliminación de la paridad salarial coincide con otras iniciativas del plan de reordenamiento del empleo público. Desde el inicio de la gestión, han sido despedidos más de 50.000 trabajadores contratados. Además, miles de empleados de planta han sido trasladados a la denominada “situación de disponibilidad”, donde pueden mantener su sueldo de seis a doce meses mientras se busca su reubicación. Si no son reubicados, corren el riesgo de ser desvinculados definitivamente.
Estas decisiones son parte del proceso de reducción del tamaño del Estado y una revisión de los contratos laborales dentro de la administración nacional.
Los salarios del sector privado frente a la inflación
Mientras el sector público se enfrenta a ajustes, el sector privado también sufre pérdidas de poder adquisitivo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa una inflación anual del 28,2% para 2025, solo un punto por debajo del aumento promedio de salarios del 19,48% observado en los primeros ocho meses del año, según PwC.
El INDEC reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto mostró un incremento intermensual de 0,2%, acumulando una subida del 19,5% en lo que va de 2025. En respuesta a esta situación, varios gremios han comenzado a cerrar paritarias por encima del 2,5% mensual o a otorgar aumentos extraordinarios por única vez, buscando mitigar el impacto de la inflación y los ajustes tarifarios.
