Una nueva controversia ha surgido en el Senado de la provincia de Buenos Aires tras la presentación de un anteproyecto de ley por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (CIAFBA). La propuesta busca declarar de "interés público" la protección del suelo y del agua agropecuaria y forestal, con el objetivo de establecer pautas para el manejo sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas significativas por parte del sector rural, que la considera una amenaza a la propiedad privada.
Justificación del Anteproyecto
Los representantes del CIAFBA, como Lorena Elorriaga, Horacio Repetto y Guillermo Studdert, defendieron el anteproyecto en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado, señalando que la erosión y degradación del suelo afectan actualmente a más del 40% del territorio bonaerense. Establecieron que “el suelo es un recurso finito, limitado y no renovable” y que su conservación es esencial para la producción de alimentos y el equilibrio ambiental.
La propuesta estipula que todos los productores agropecuarios y forestales, tanto públicos como privados, deben colaborar en el cuidado del suelo y el agua mediante planes aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agrario, firmados por profesionales matriculados. Aunque los autores señalan que su intención no es sancionar, el texto incluye mecanismos de control y sanciones.
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Reacción del Sector Rural
El artículo que considera la protección del suelo y el agua como de "interés público" ha generado un fuerte rechazo. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se argumenta que el proyecto “avanza sobre la propiedad privada”, imponiendo controles y burocracia que podrían perjudicar a los productores. Alertaron que el Estado podría definir unilaterales metas sobre qué suelos son “aptos” para la producción, lo que podría dejar tierras improductivas.
Los críticos también han cuestionado el requisito de elaborar planes de manejo cada cuatro años y la necesidad de la firma de un ingeniero agrónomo, lo que implicaría costos adicionales y dependencia profesional.
Puntos Controversiales del Anteproyecto
La creación de “Distritos de Cuidado del Suelo y Agua”, a disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario, también ha sido objeto de crítica. Los opositores consideran que esto puede llevar a “consorcios forzosos” que obliguen a los productores a integrarse en estructuras colectivas de gestión, otorgándole al Estado amplias facultades para regular y sancionar.
Asimismo, se propone la creación de un Fondo Provincial para el Cuidado y Recuperación del Suelo y el Agua, financiado con el 0,08% del presupuesto anual, junto con multas y donaciones. Desde Carbap, afirman que esto representa una nueva carga fiscal y un riesgo de control inadecuado.
Debate Técnico y Político
El CIAFBA sostiene que su propuesta cuenta con respaldo científico y técnico, con aportes de especialistas y universidades, pero las entidades rurales la ven como una “iniciativa corporativa” que beneficia a un grupo específico. Críticos indican que los planes sólo pueden ser elaborados por profesionales matriculados, convirtiendo a los productores en “rehenes” de una corporación que cobraría honorarios obligatorios.
Por su parte, el ingeniero Horacio Repetto subrayó que la falta de legislación sobre suelos en Buenos Aires es preocupante, ya que se pierden miles de toneladas de tierra fértil anualmente. En contraste, voces del sector inmobiliario rural sostienen que el manejo responsable de la tierra por parte de los productores no requiere mayor intervención estatal.
El anteproyecto aún no cuenta con un senador que lo impulse formalmente, pero el debate sobre su viabilidad y sus implicaciones ya se ha instalado en la Legislatura bonaerense, generando una discusión que promete continuar en los próximos meses.
