El Gobierno de Mendoza ha presentado un ambicioso proyecto de ley que busca sancionar a los padres, madres o tutores de menores involucrados en casos de bullying escolar. Esta iniciativa, enviada a la Legislatura provincial, propone multas económicas de hasta $2.100.000 y la posibilidad de realizar hasta 50 días de trabajo comunitario. La finalidad es que las familias asuman un papel activo en la prevención y el manejo de situaciones de violencia en las escuelas.
Antecedentes de la propuesta contra el bullying
La propuesta surge en respuesta a varios episodios alarmantes, como el caso de una adolescente de 14 años que recientemente ingresó armada a una escuela en La Paz, disparando al aire y atrincherándose durante varias horas. Estas situaciones han puesto de manifiesto la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad y convivencia en los establecimientos educativos de la provincia.
El proyecto incluye un protocolo de actuación que establece pautas para que las escuelas responden de manera eficaz a los casos de acoso escolar. Desde la detección temprana hasta la notificación inmediata a las familias, se busca garantizar un seguimiento adecuado y el cierre de cada situación. Asimismo, los adultos responsables estarán obligados a participar en talleres de parentalidad y mediación, con el objetivo de generar conciencia y evitar conductas violentas.
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Declaraciones de autoridades
El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, subrayó la gravedad del fenómeno al afirmar: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas. Necesitamos familias presentes y corresponsables”. Este proyecto fue presentado en conjunto con la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi.
La iniciativa se sostiene sobre tres pilares fundamentales: prevención, intervención inmediata y posvención. Las autoridades enfatizan que la participación activa de las familias es crucial para erradicar el bullying. Con este avance, Mendoza busca establecer un precedente que pueda servir de modelo para otras provincias en la lucha contra esta problemática creciente en el ámbito educativo argentino.
